La disputa se originó cuando Millicom, operando bajo la marca Tigo en Centroamérica y el Caribe, dio marcha atrás en su acuerdo para adquirir la filial costarricense de Telefónica, alegando las adversidades económicas desencadenadas por la pandemia de COVID-19 como razón para desistir del compromiso previamente establecido. Este acto fue interpretado por Telefónica como un incumplimiento de contrato, llevando a la empresa española a demandar a Millicom por daños y perjuicios, solicitando una indemnización cercana a los 140 millones de dólares (aproximadamente 130 millones de euros).
A pesar de que la sentencia del tribunal, presidido por el juez Andrew Borrok de la Corte Suprema de Nueva York, no especifica la cantidad exacta de la indemnización, establece claramente que Millicom debe compensar a Telefónica por el fracaso en completar la adquisición según los términos acordados. Millicom, por su parte, ha anunciado su intención de apelar la decisión.
Una operación fallida de 1.650 millones
El caso remonta al 20 de febrero de 2019, cuando Millicom acordó comprar tres de las cinco compañías de telecomunicaciones que Telefónica tenía en venta en Centroamérica, incluyendo las filiales de Panamá, Costa Rica y Nicaragua, en una operación valorada en un total de 1.650 millones de dólares. Si bien las ventas de Panamá y Nicaragua concluyeron satisfactoriamente, la transacción de Costa Rica se complicó por demoras regulatorias y finalmente por la decisión de Millicom de retirarse del acuerdo.
Este revés no detuvo a Telefónica en su objetivo de desinvertir el activo costarricense, y el 30 de julio de 2020, anunció la venta de la filial a Liberty Latin America por 538 millones de dólares, una cifra ligeramente inferior a la inicialmente pactada con Millicom. La operación con Liberty se concretó finalmente en agosto de 2021.
El juez Borrok subrayó que, según las condiciones acordadas, la transacción estaba efectivamente cerrada cuando Millicom optó por retirarse en 2020, debido a la caída de sus acciones provocada por la pandemia. Como resultado, Telefónica tiene derecho a ser indemnizada por los daños y perjuicios sufridos, más los intereses acumulados desde la fecha original de cierre hasta la ejecución de la venta a Liberty.
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