El organismo americano está trabajando para sacar la ley de cifrado con la que las empresas tecnológicas tendrían que cooperar obligatoriamente con la justicia en cesión de datos en temas relacionados con terrorismo, derechos del menor y violencia extrema.
La ley exigiría ceder datos a las tecnológicas en casos de terrorismo, violencia extrema o derecho del menor
Tras varias semanas de guerra entre Apple y el FBI para que la agencia de seguridad pudiese entrar en el iPhone del asesino de San Bernardino -al final el FBI ha tenido que contratar a terceras partes para acceder-, ahora el Senado de EEUU prepara un documento con el que no habría habido tanta polémica.
La ley de cifrado va a establecer el nivel de asistencia que deben ofrecer las empresas tecnológicas y proveedores de acceso a Internet en casos de violencia extrema o terrorismo. La senadora demócrata Dianne Feinstein y el republicano Richard Burr, han iniciado este proyecto de ley. Ya han presentado oficialmente su primer borrador esta semana.
Según esta ley, los dispositivos podrán tener sistemas de cifrado pero las proveedoras de servicios se verán obligadas a facilitar los datos que dispongan sobre personas involucradas en delitos especificados antes.
La ley no especifica multas o penas para las empresas que se nieguen a colaborar pero deja la puerta abierta a sanciones impuestas por los jueces de cada caso. "Nuestra esperanza es que este borrador sirva para crear un debate serio y prolífico sobre la legalidad en el uso de las comunicaciones cifradas y es un debate que ya ha comenzado", apunta Burr.
Así, las tecnológicas se van a quedar sin argumentos para poder evitar colaborar con la justicia americana. Una de las soluciones que tienen para seguir contando con la confianza de los usuarios es recabar la información de los usuarios en servidores en el extranjero donde EEUU no tenga jurisdicción, pero es una solución bastante compleja y costosa.
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