La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un nuevo expediente sancionador contra Telefónica por presuntas infracciones relacionadas con la adquisición de DTS (antigua Sogecable), cerrada en 2015.
El organismo investiga si la teleco ha vulnerado compromisos clave ligados a aquella operación, al mantener condiciones de permanencia en ofertas comerciales vinculadas a sus servicios de televisión de pago, una práctica expresamente prohibida.
El procedimiento forma parte de las tareas de vigilancia que la CNMC mantiene sobre la integración de DTS en Telefónica, y se centra en las condiciones de las ofertas Fusión y miMovistar con dispositivo, vigentes entre el 30 de agosto de 2021 y el 30 de abril de 2023. Durante este periodo, la compañía habría incluido cláusulas de permanencia en paquetes que combinaban servicios de comunicaciones electrónicas con televisión de pago, en contra de lo estipulado en los compromisos asumidos en 2015 y prorrogados en 2020.
En este sentido, desde Telefónica aseguran que la compañía “ha cumplido rigurosamente con los compromisos adquiridos”.
La permanencia, en el foco
Según las resoluciones previas de la CNMC, Telefónica no podía condicionar a sus clientes mediante ningún tipo de obligación de permanencia, ya fuera de forma directa o indirecta, en las ofertas de televisión de pago, independientemente de si estos servicios se ofrecían empaquetados o de manera individual. El incumplimiento de esta condición ya motivó una sanción de seis millones de euros en marzo de 2023, tras detectarse que la oferta Fusión+Smartphone incluía el alquiler de un teléfono móvil vinculado a una permanencia de 36 meses.
Pese a los antecedentes y al historial de procedimientos abiertos —este es el séptimo relacionado con la compra de DTS—, la nueva investigación no prejuzga el resultado final. La CNMC ha abierto ahora un plazo de hasta tres meses para instruir el expediente y decidir si formula una propuesta de sanción.
Las consecuencias de esta política comercial, según la CNMC, habrían limitado la libertad de los usuarios para abandonar Movistar, dificultando así la competencia efectiva en el mercado. Esta interpretación se alinea con la posición sostenida por el organismo en anteriores expedientes, donde ha sancionado prácticas que, a su juicio, restringen la movilidad de los consumidores y distorsionan el equilibrio competitivo.
Una larga historia de sanciones
Desde la compra de DTS, Telefónica ha sido objeto de múltiples sanciones por parte de la CNMC. En 2019 recibió una multa de 1,5 millones de euros por asignar incorrectamente los costes del canal Movistar Partidazo, en detrimento de otros operadores como Orange o Vodafone.
En 2022, fue sancionada con 5 millones por no comunicar adecuadamente su oferta de canales premium, y en 2023 se sumaron otras dos multas de 6 y 5 millones por, respectivamente, aplicar cláusulas de permanencia en sus servicios de televisión y compartir en exclusiva contenidos de terceros como la Fórmula 1 junto a Dazn.
El impacto económico de estas sanciones ha sido muy limitado
No obstante, el impacto económico de estas sanciones ha sido limitado. La multa de seis millones impuesta en 2023 representó tan solo el 0,015% de la facturación global de Telefónica en el ejercicio anterior, que rozó los 40.000 millones de euros. La Ley de Defensa de la Competencia permite a la CNMC imponer sanciones de hasta el 10% del volumen de negocio de una empresa por infracciones muy graves, lo que en el caso de Telefónica podría ascender teóricamente hasta los 4.000 millones, aunque nunca se ha alcanzado esa magnitud.
El expediente en curso mantiene abierto un conflicto que, a pesar del paso del tiempo, sigue sin resolverse del todo. A una década de la integración de Sogecable, el seguimiento de sus condiciones continúa generando tensiones entre el regulador y el principal operador de telecomunicaciones del país.
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