Este marco normativo histórico busca proteger a los usuarios en el espacio digital, abordando de manera efectiva la presencia de contenidos, bienes y servicios ilícitos en línea, y asegurando un reconocimiento amplio de los derechos de los usuarios en las plataformas digitales.
Con la entrada en vigor de la DSA, todas las plataformas en línea que operan en la UE, con la excepción de las pequeñas empresas y microempresas, deberán adoptar medidas robustas para combatir contenidos ilícitos y garantizar la protección de los menores. Entre estas medidas se incluye la obligación de proporcionar a los usuarios herramientas para reportar contenido inapropiado, la prohibición de publicidad dirigida a menores basada en la elaboración de perfiles, y la transparencia en la publicidad online, ofreciendo a los usuarios información clara sobre los anuncios que ven.
Además, la DSA establece que las plataformas deben justificar las decisiones de moderación de contenidos, ofrecer a los usuarios un mecanismo de reclamación y publicar informes anuales sobre sus procedimientos de moderación. Asimismo, las condiciones de uso deberán ser claras, incluyendo los criterios que rigen los sistemas de recomendación de contenidos.
La Ley de Servicios Digitales también aplica a los servicios de alojamiento de datos y a los intermediarios en línea, como los proveedores de servicios de internet, que están sujetos a un subconjunto de obligaciones específicas. Desde finales de agosto de 2023, la DSA ya se ha aplicado a 19 plataformas en línea y motores de búsqueda de gran tamaño designados en abril de 2023, con la expectativa de que otras tres plataformas designadas en diciembre de 2023 cumplan con las obligaciones más estrictas para finales de abril, aunque deben adherirse a las obligaciones generales desde el inicio de la aplicación de la ley.
Cada Estado tendrá un coordinar, la CNMC se encarga de España
Para garantizar el cumplimiento de estas normativas, cada Estado miembro de la UE contará con un coordinador nacional de servicios digitales, un regulador independiente encargado de supervisar las plataformas establecidas en su territorio, que en España será la CNMC.
Estos coordinadores actuarán como primer punto de contacto para las reclamaciones de los usuarios, certificarán mecanismos de recurso extrajudicial, y tendrán competencias de investigación y ejecución para asegurar el cumplimiento de la DSA.
La Junta Europea de Servicios Digitales, un grupo consultivo independiente formado por los coordinadores de servicios digitales y la Comisión, jugará un papel clave en la aplicación coherente de la Ley de Servicios Digitales a lo largo de la UE. Este órgano se reunirá por primera vez el 19 de febrero de 2024, estableciendo un foro para el asesoramiento sobre la aplicación de la ley, la formulación de directrices y el análisis de riesgos sistémicos y mejores prácticas.
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