El Tribunal de Instancia de Alicante designa a un experto para dirigir la reestructuración de Wewi Mobile mientras se intensifica el conflicto entre Vodafone y los fundadores del operador.
La Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Alicante ha nombrado a FTI & Partners Corporate Recovery Spain como experto independiente para dirigir el proceso de reestructuración de Wewi Mobile, sociedad matriz de Finetwork. La decisión reactiva un procedimiento que permanecía ralentizado por la reorganización de los juzgados mercantiles de Alicante y coincide con una creciente confrontación judicial y penal entre Vodafone España y los fundadores de la compañía.
El auto, firmado el pasado 16 de junio por el juez Gustavo Andrés Martín Martín, estima la solicitud presentada por Vodafone España y Vodafone Ono, acreedores que concentran más del 50% del pasivo de Wewi Mobile con el objetivo de facilitar la negociación de un nuevo plan de reestructuración que permita garantizar la viabilidad de la empresa y alcanzar un acuerdo con sus acreedores, mayoritariamente en manos de Vodafone por la prestación de servicios de red fija y móvil, cuyas diferencias sobre la facturación y las obligaciones de consumo mínimo pactadas entre ambas partes deterioraron progresivamente la liquidez del operador y desembocó en las negociaciones de reestructuración.
La designación de FTI & Partners responde a la comunicación de apertura de negociaciones presentada por Wewi Mobile en mayo de 2025, dentro del marco previsto por la Ley Concursal reformada en 2022. Para ello se ha creado la figura del experto independiente que tendrá la misión de asistir tanto a la empresa como a los acreedores en la elaboración de un plan de reestructuración y analizar de forma objetiva la viabilidad económica de la nueva Finetwork, sus flujos de caja y su capacidad para generar recursos.
La batalla judicial se intensifica
El procedimiento mercantil avanza de forma paralela a una creciente disputa judicial entre ambas partes. La pasada semana trascendió que Vodafone España presentó una querella contra los fundadores y antiguos gestores de Wewi Mobile por presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida, insolvencia punible, falsedad documental, estafa procesal y delitos societarios. La compañía fundamenta esta acción en una auditoría forense realizada tras asumir temporalmente el control de la filial. La querella constituye, además, la respuesta a la demanda presentada previamente por los socios fundadores, admitida a trámite el pasado 21 de mayo por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Elda. En ella se acusa a Vodafone España y a su consejero delegado, José Miguel García Fernández, de presuntos delitos de estafa y administración desleal, además de solicitar una fianza de 300 millones de euros.
El enfrentamiento societario se agravó después de que la Audiencia Provincial de Alicante anulara el anterior plan de reestructuración que otorgaba el control de Wewi Mobile a Vodafone. Esa resolución provocó el cese de José Miguel García como administrador único y la restitución del consejo de administración original. Posteriormente, los fundadores aseguraron haber encontrado obstáculos registrales para recuperar el control efectivo de la sociedad debido a incidencias relacionadas con las cuentas de 2024. Por su parte, Vodafone justificó el cierre de la sede central de Finetwork en Elda por deficiencias estructurales detectadas en el edificio.
A la complejidad judicial se suma un factor estratégico para el negocio y es que Wewi Mobile perderá el próximo 10 de octubre de 2026 el derecho legal a utilizar la marca comercial "Finetwork", cuya titularidad fue transferida a Vodafone España el pasado mes de abril mediante un contrato de compraventa firmado por el fundador Pascual Pérez.
Pese a la tensión existente, fuentes conocedoras del proceso aseguran que continúan abiertos los canales de negociación entre ambas partes. Desde el consejo de administración restituido se considera que una solución extrajudicial permitiría reducir la incertidumbre que afecta a la valoración del operador con opciones como el desistimiento mutuo de las acciones penales, la venta de las acciones de Wewi Mobile o la firma de una licencia de marca a largo plazo que garantice la continuidad comercial de Finetwork.