La Comisión Europea ha abierto un proceso de revisión integral de sus directrices sobre control de concentraciones empresariales, con el objetivo de actualizar el marco normativo vigente ante las transformaciones económicas y tecnológicas de las últimas dos décadas.
El procedimiento, que se articulará mediante una consulta pública activa hasta el 3 de septiembre de 2025, representa un cambio de ritmo inusualmente ágil para los estándares institucionales de la Unión.
Aunque el control de fusiones ha sido tradicionalmente una herramienta para evitar posiciones dominantes y garantizar una competencia efectiva, el contexto actual exige una lectura más amplia. La digitalización acelerada, la transición energética, la reorganización de cadenas de suministro y la creciente relevancia de sectores estratégicos como defensa o telecomunicaciones han puesto en cuestión la suficiencia del marco regulador actual.
En este sentido, la vicepresidenta ejecutiva y comisaria de Competencia, Teresa Ribera, ha definido la revisión como una “oportunidad única” para adaptar la política de competencia a los desafíos contemporáneos. En sus palabras, “solo evolucionando podremos garantizar que el control de fusiones siga sirviendo al interés público, impulse la innovación y refuerce la capacidad de Europa para responder a crisis futuras”.
Revisión estructural del enfoque regulador
El análisis cubrirá tanto las directrices de fusiones horizontales de 2004 como las de fusiones no horizontales de 2008. Según ha anunciado la Comisión, el objetivo es adaptar los criterios de evaluación a las nuevas dinámicas de mercado, teniendo en cuenta factores que hasta ahora tenían un peso marginal en el proceso de análisis, como la resiliencia económica, la intensidad de inversión o el potencial de innovación de las operaciones empresariales.
En ese sentido, se han publicado siete documentos temáticos que servirán como base para discusiones técnicas. Estos abordan cuestiones como el poder de mercado en entornos digitales, la eficiencia productiva, la sostenibilidad ambiental o la implicación de las fusiones en el empleo y la autonomía estratégica europea. Las aportaciones podrán realizarse mediante un cuestionario general o un formulario técnico más detallado.
Para los sectores tecnológico y de telecomunicaciones, el proceso reviste especial relevancia. En ambos casos, la escalabilidad y la velocidad de innovación son factores determinantes de competitividad. Sin embargo, las normas actuales pueden penalizar operaciones que, aunque incrementen la concentración en el corto plazo, generen beneficios estructurales en términos de despliegue de infraestructura, desarrollo de nuevos servicios o liderazgo en estándares tecnológicos.
La revisión llega en un momento en que los grandes actores del sector reclaman mayor claridad y flexibilidad en la política de competencia. Según fuentes comunitarias, uno de los objetivos es evitar que la normativa actúe como un freno a la inversión en ámbitos estratégicos como la 5G, la inteligencia artificial o la transición digital de redes y servicios.
Consulta exprés
A diferencia de otros procedimientos regulatorios de la UE, esta revisión se ha lanzado con un calendario reducido de apenas cuatro meses. Además de la consulta pública, la Comisión ha iniciado una licitación para llevar a cabo un estudio económico sobre los efectos dinámicos de las fusiones, con fecha límite para la presentación de propuestas fijada en el 20 de mayo.
Las conclusiones de la consulta se publicarán en el portal oficial de la Comisión y se utilizarán para elaborar una nueva guía normativa que sustituirá a las actuales. Aunque no hay un calendario definitivo para su adopción, fuentes comunitarias apuntan a que las nuevas directrices podrían empezar a aplicarse a lo largo de 2026.
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