La presión sobre las administraciones públicas no deja de crecer. En un escenario marcado por la inestabilidad geopolítica y el auge de ciberataques cada vez más sofisticados, muchos gobiernos están aumentando de forma significativa su inversión en tecnologías de inteligencia artificial para proteger los recursos públicos. Así lo revela el último informe de Coleman Parkes y SAS, titulado Confianza y transparencia: Combatir el fraude para maximizar la eficiencia de los programas públicos.
El estudio, basado en más de 1.100 entrevistas a responsables públicos de todo el mundo, destaca que el 97% de los encuestados planea utilizar IA generativa para luchar contra el fraude y el despilfarro. Esta tecnología no solo acelera la detección de irregularidades, sino que también permite una mejor asignación de recursos.
Uno de los datos más alarmantes del informe es que el 16% de los presupuestos gubernamentales se pierde debido al fraude. En países como España, donde el gasto público representa cerca del 50% del PIB, frenar esta pérdida es crucial. Según los expertos, la inteligencia artificial puede marcar un antes y un después en la eficiencia y transparencia de la gestión pública.
El impacto del fraude no se limita a lo económico. El 96% de los profesionales consultados cree que este problema daña gravemente la confianza ciudadana en las instituciones. En España, donde la percepción de corrupción sigue siendo una preocupación, abordar el fraude con herramientas innovadoras es una prioridad.
La revolución de la IA en el sector público
El informe también pone de relieve una tendencia clara: el uso de la IA en las administraciones está creciendo con rapidez. Actualmente, el 52 % ya utiliza esta tecnología para combatir el mal uso de los fondos públicos, y el 98% espera implementarla en los próximos dos años. Tecnologías emergentes como los grandes modelos de lenguaje (LLM) y los gemelos digitales también ganan protagonismo, con previsiones de adopción del 84% y el 75%, respectivamente.
Además de prevenir el fraude, la IA está teniendo un efecto positivo en la productividad. El 57 % de los encuestados asegura que ha mejorado el rendimiento de sus equipos, el 39 % afirma que ha detectado más fraudes gracias a estas herramientas y el 38 % destaca su utilidad para priorizar alertas y casos urgentes.
Pese a su potencial, la adopción de estas tecnologías aún enfrenta importantes obstáculos. En España, las barreras más mencionadas son la falta de competencias analíticas, los presupuestos limitados y las carencias tecnológicas. Estos desafíos son especialmente relevantes en un momento en el que muchas administraciones siguen en proceso de digitalización.
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