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Por Antonio Rodríguez
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infozonamovilidades/4/4/18
miércoles 20 de agosto de 2025, 13:30h

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La regulación tecnológica en Europa sigue marcando el paso a las grandes plataformas digitales. Google ha anunciado una modificación sustancial en el modelo de negocio de la Play Store en los 30 países del Espacio Económico Europeo.

A partir de ahora, los desarrolladores de aplicaciones podrán dirigir a los usuarios hacia métodos de pago externos, un cambio que rompe con una práctica histórica en Android y que responde directamente a la aplicación de la Ley de Mercados Digitales (DMA). Los cambios se implementarán de forma progresiva en los 30 países europeos donde aplica la DMA, siguiendo la victoria judicial de hace unas semanas.

Un cambio forzado por la normativa europea

La decisión llega tras meses de advertencias por parte de la Comisión Europea. El organismo comunitario había señalado que las restricciones impuestas por Google, que impedían a los desarrolladores ofrecer enlaces a sus propias plataformas para suscripciones o compras, vulneraban la nueva legislación. Ante el riesgo de sanciones que podrían alcanzar hasta el 10% de los ingresos globales de la compañía, el gigante de Mountain View ha optado por adelantar cambios.

Según ha explicado la compañía, las aplicaciones podrán incluir enlaces externos para completar transacciones fuera de la Play Store. Esta apertura se complementa con una nueva estructura de comisiones que sustituye al modelo anterior. La llamada “tarifa de adquisición inicial” se reduce del 10% al 3%, aunque se introduce un sistema escalonado para cubrir los costes de distribución y seguridad.

Estos cambios “podrían exponer a los usuarios de Android a contenido dañino y empeorar la experiencia en las aplicaciones”

La medida supone una flexibilización que, sobre el papel, favorece a los desarrolladores al permitirles gestionar suscripciones y compras con mayor autonomía. Sin embargo, Google advierte que la modificación no está exenta de riesgos. Clare Kelly, asesora legal en competencia de la compañía, ha señalado que estos cambios “podrían exponer a los usuarios de Android a contenido dañino y empeorar la experiencia en las aplicaciones”, haciendo referencia a los problemas de seguridad asociados a transacciones fuera del entorno controlado de la Play Store.

Para los usuarios, el cambio se traduce en más opciones para pagar y la posibilidad de encontrar mejores precios fuera del ecosistema oficial. No obstante, implica asumir un mayor nivel de responsabilidad en la seguridad de las transacciones.

La presión regulatoria, clave en la decisión

La DMA, en vigor desde 2023, tiene como objetivo limitar las prácticas que restringen la competencia en los mercados digitales. El texto establece obligaciones para las llamadas “plataformas guardianas”, entre ellas Google, Apple y Meta, y prevé multas millonarias en caso de incumplimiento. En marzo, la Comisión Europea advirtió a Google que su política en la Play Store vulneraba la normativa, una advertencia que se suma a un historial de conflictos con la compañía.

En la última década, Google acumula sanciones por más de 8.000 millones de euros por abuso de posición dominante en distintos frentes

En la última década, Google acumula sanciones por más de 8.000 millones de euros por abuso de posición dominante en distintos frentes, incluyendo la vinculación de su buscador y su sistema operativo Android. El cambio en la Play Store se interpreta como una respuesta preventiva para evitar una nueva sanción, que en este caso podría haber alcanzado cifras récord.

Europa no es la única región que presiona a los gigantes tecnológicos para abrir sus ecosistemas. En Estados Unidos, Google se enfrenta a las consecuencias del litigio con Epic Games, que cuestionó el monopolio en la distribución de aplicaciones y los métodos de pago en Android. La compañía también ha tenido que ajustar políticas en otros mercados para cumplir con regulaciones similares.

Apple ya implementó cambios en su App Store a comienzos de este año tras la entrada en vigor de la DMA, aunque mantiene una batalla legal contra la Comisión Europea.

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