La ciberseguridad ha dejado de ser una preocupación puntual para convertirse en un factor crítico de supervivencia empresarial, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. En un contexto en el que la digitalización avanza más rápido que las medidas de protección, el impacto económico de los ciberataques sigue creciendo y amenaza directamente la continuidad del negocio.
Los últimos datos del INCIBE reflejan la magnitud del problema. Solo en 2024 se gestionaron 97.348 incidentes de ciberseguridad, un 16,6% más que el año anterior. De ellos, más de 31.500 afectaron a empresas, muchas de ellas pymes, que representan más del 99% del tejido productivo español y cuya actividad depende cada vez más de sistemas digitales.
Sin embargo, el aumento no se limita al número de ataques. Recuperarse de un incidente es hoy un 25% más caro que hace cinco años, una tendencia que se explica por la combinación de ataques más complejos, una mayor dependencia tecnológica y un marco regulatorio cada vez más exigente.
Según Francisco Valencia, director general de Secure&IT, “el incremento del coste de un ciberataque se ha acelerado en los últimos años debido a la mayor complejidad técnica de los ataques, la dependencia digital del negocio y las crecientes exigencias regulatorias que afectan a cualquier organización, independientemente de su tamaño”.
El fraude digital se consolida como la principal amenaza
Dentro del panorama de amenazas, el fraude informático destaca con claridad. De acuerdo con el último Informe de Cibercriminalidad del Ministerio del Interior, el 89% de los ciberdelitos registrados en España corresponden a fraudes digitales, muchos de ellos dirigidos directamente a empresas.
Este tipo de ataques, que incluyen suplantación de identidad, fraudes por correo electrónico o accesos no autorizados, están ganando eficacia a medida que los delincuentes perfeccionan técnicas de ingeniería social y combinan distintos vectores de ataque. “El incremento de la sofisticación de los ataques y la presión regulatoria han elevado el impacto real de los incidentes, especialmente en sectores que dependen de sistemas críticos para su actividad diaria”, señala Valencia.
Para las pymes, el efecto es especialmente duro. Una interrupción del ERP, un ataque de ransomware o una caída de servicio puede traducirse en días sin facturar, pérdida de clientes y posibles sanciones, un coste que va mucho más allá de la reparación técnica del incidente.
Dependencia digital y regulación
El aumento del coste de los ciberataques responde a varios factores que se acumulan. Por un lado, los ataques son más sofisticados, combinando robo de credenciales, secuestro de sistemas y exfiltración de datos. Por otro, la dependencia digital es total: cualquier interrupción impacta directamente en ventas, facturación, atención al cliente o cadena de suministro.
A este escenario se suman nuevas obligaciones regulatorias como NIS2, DORA, ENS o CRA, que obligan a notificar incidentes, demostrar diligencia y mantener medidas de seguridad adecuadas. Cumplir con estos requisitos implica más recursos técnicos, legales y organizativos, lo que incrementa el coste final de cada ataque.
“Actualmente, recuperarse de un ataque es mucho más caro que hace cinco años porque, aunque la empresa no haya crecido, los ataques exigen más trabajo técnico, legal y de coordinación interna”, explica Valencia.
Las pymes, en una posición especialmente vulnerable
A pesar de este contexto, muchas pymes siguen sin contar con planes formales de respuesta a incidentes, según distintos estudios europeos. En muchos casos, dependen de un único backup, carecen de visibilidad sobre los accesos a su red o no aplican prácticas básicas como autenticación robusta, monitorización continua o revisiones periódicas de proveedores.
“La pyme española está más informatizada que nunca, pero también es más vulnerable”, advierten desde Secure&IT. No por su tamaño, sino por su exposición y limitada capacidad defensiva.
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