Los fabricantes deberán reparar los dispositivos incluso fuera de garantía
Uno de los cambios más importantes que introduce la normativa es la obligación de que los fabricantes ofrezcan la reparación de aquellos productos cubiertos por la legislación europea siempre que esta sea técnicamente viable, incluso cuando la garantía legal ya haya expirado, además, la reparación deberá realizarse en un plazo razonable y, cuando no esté cubierta por la garantía, tendrá que ofrecerse a un precio razonable, evitando que el coste de la reparación haga más atractivo adquirir un dispositivo nuevo.
Con esta medida, la Unión Europea busca eliminar una de las principales barreras que tradicionalmente han desincentivado las reparaciones, como son los presupuestos elevados o tiempos de espera excesivos que empujaban a los consumidores a reemplazar el producto. La nueva normativa también obliga a los fabricantes a facilitar el acceso a piezas de recambio, herramientas e información técnica cuando así lo establezca la legislación europea para cada categoría de producto.
Asimismo, las empresas ya no podrán dificultar las reparaciones mediante limitaciones impuestas a través del software, el hardware o cláusulas contractuales, salvo en aquellos casos justificados por motivos de seguridad o de protección de la propiedad intelectual, buscando así favorecer un mercado de reparación más abierto, permitiendo que tanto los servicios técnicos oficiales como otros talleres autorizados puedan acceder a los recursos necesarios para reparar los dispositivos.
La garantía se amplía tras la reparación
Otra de las novedades relevantes afecta a la garantía de los productos reparados, cuando un consumidor opte por reparar su dispositivo en lugar de sustituirlo, la garantía se ampliará 12 meses adicionales sobre el bien reparado, ofreciendo una mayor protección y reforzando el atractivo de esta opción frente a la compra de un equipo nuevo. La directiva también contempla nuevas medidas destinadas a minimizar las molestias durante el proceso de reparación, ya que, los consumidores podrán solicitar un dispositivo de sustitución mientras el suyo permanece en el servicio técnico o, si ambas partes lo acuerdan, aceptar una unidad reacondicionada como alternativa, la normativa también introduce mejoras en la información que reciben los consumidores antes de aceptar una reparación.
Los fabricantes y servicios técnicos podrán facilitar un documento estandarizado que recoja de forma clara aspectos como el coste estimado de la reparación, el plazo previsto, las condiciones del servicio y el periodo de validez del presupuesto. Esta mayor transparencia permitirá comparar distintas ofertas y facilitará que los usuarios puedan elegir el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.
¿Qué productos están incluidos?
El derecho a reparar se aplica principalmente a aquellos productos para los que la legislación europea ya obliga a disponer de piezas de recambio y servicios de reparación durante un determinado periodo, entre ellos se encuentran teléfonos móviles, tabletas compatibles con la normativa, ordenadores, televisores y pantallas electrónicas, frigoríficos, lavadoras, lavavajillas, aspiradoras y otros electrodomésticos incluidos en las normas europeas de diseño ecológico. No obstante, el alcance concreto dependerá de cada categoría de producto y de las obligaciones específicas establecidas para cada fabricante.
Con la entrada en vigor de esta normativa, la Unión Europea pretende reducir la generación de residuos electrónicos y fomentar una economía más circular, en la que los dispositivos permanezcan en uso durante más tiempo antes de convertirse en desechos. Para los consumidores, la medida supone disponer de más opciones para reparar sus equipos, acceder con mayor facilidad a piezas de recambio, disfrutar de una mayor transparencia en los presupuestos y beneficiarse de condiciones de garantía más favorables tras una reparación, por ello, la Comisión Europea considera que favorecer la reparación no solo reduce el impacto medioambiental del consumo tecnológico, sino que también contribuye a disminuir el gasto de los hogares y a impulsar un mercado europeo de reparación más competitivo.
El derecho a reparar no será la única gran novedad regulatoria que afectará al sector tecnológico en los próximos meses, la Unión Europea ya tiene previsto aplicar, a partir de febrero de 2027, parte del Reglamento (UE) 2023/1542 sobre pilas y baterías, que obligará a que muchos dispositivos electrónicos portátiles, incluidos numerosos teléfonos móviles, incorporen baterías fácilmente sustituibles por el propio usuario. Esta futura normativa complementará el derecho a reparar y supondrá un nuevo avance en la estrategia europea para prolongar la vida útil de los dispositivos electrónicos y reducir la dependencia de reemplazos prematuros.
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