Movistar y Claro toman acciones ante la multa millonaria del Gobierno de Colombia

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miércoles 09 de agosto de 2017, 16:56h

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La pasada semana, un tribunal de arbitraje en Colombia sancionaba a Movistar y Claro con una multa de 4,7 millones de pesos (1.330.500 millones de euros).

El castigo, impuesto por un litigio sobre la devolución de las redes e infraestructuras para la prestación del servicio de telefonía móvil, pertenece a una disputa que se remonta a un contrato firmado en la década de 1990.

Movistar, condenada a pagar casi 500 millones de euros

En el caso de la filial colombiana de la empresa española, ColTel (Movistar Colombia) ha sido condenada a pagar 1,6 millones de pesos (462.500 millones de euros), y desde Telefónica han iniciado ya conversaciones con las autoridades de Colombia para evitar el pago de la sanción.

El grupo español busca agotar todas las vías de negociación antes de acudir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (Ciadi), dependiente del Banco Mundial.

En el caso de Movistar, la operadora ha sido condenada a pagar 1,6 millones de pesos y desde su matriz Telefónica ya han iniciado acciones para salvarse de la millonaria multa.

Triple ofensiva legal para salvarse del pago

Telefónica ha informado de que ha activado una ofensiva triple jurídica con la intención de salvar a ColTel (Movistar Colombia), cuya viabilidad quedaría en duda si finalmente tuviera que pagar los 462,5 millones de euros (1.652 millones de pesos colombianos).

En primera línea, la operadora ha solicitado aclaraciones al tribunal de arbitraje que emitió el laudo para saber si tiene que acometer la indemnización; el Tribunal, que todavía no ha respondido, tiene hasta el próximo 16 de agosto para hacerlo. Si la contestación no es satisfactoria, Telefónica recurrirá el laudo ante el Consejo de Estado, el máximo tribunal contencioso-administrativo de Colombia, antes de acudir al Ciadi.

Telefónica confía, por tanto, en la vía del diálogo, mientras que Claro ha acudido directamente al Ciadi, con sede en Washington.

La telco española argumenta que el laudo no justifica los activos con detalle sobre los que se basa su decisión. Considera que deben revertirse todos los bienes de las empresas demandadas que se usan para la prestación de servicios de voz. Sin embargo, para evitar la disrupción de las operaciones, Telefónica sostiene que no es conveniente la reversión efectiva de los activos y, en su lugar, dispone el pago en efectivo.

Si esto no funciona, se acudiría al Consejo de Estado para solicitar la nulidad el laudo arbitral. Éste deberá resolver en un plazo de tres meses.

La sanción a Movistar y a Claro supone alrededor de un tercio de los ingresos conjuntos de ambos operadores

Y, por último, a Telefónica sólo le queda acudir al Ciadi, donde argumentarían que el laudo incumple el tratado de protección recíproca de inversiones firmado entre España y Colombia.

En conjunto, la sanción a Movistar y a Claro supone alrededor de un tercio de los ingresos conjuntos de ambos operadores en 2016, y más del 100% de la inversión realizada en el último año. Telefónica invirtió el pasado año 330 millones de euros en Colombia, un 23% de lo ingresado en el país (la media del sector está situada en torno al 20% de ingresos brutos).

Claro se enfrenta al pago de 868 millones de euros

Por su parte, Claro ha optado por acudir directamente al Ciadi con el fin de librarse de la multa de 3,1 millones de pesos.

Lo cierto es que de mantenerse las sanciones contra las dos operadoras se produciría una congelación en las inversiones que estas realizan en infraestructura móvil en Colombia, lo que a la larga supondría un importante perjuicio para los usuarios. Sobre todo, teniendo en mente la subasta de frecuencias móviles para la telefonía 4G, en la banda de 700 megahercios (Mhz), previstas para 2019.

Paralizadas las inversiones en Colombia

La decisión del organismo ha provocado una consecuencia colateral, despertando las alarmas rojas de los inversores internacionales, y es que antes de la sanción a Movistar y Claro, se produjo la intervención de Electricaribe, filial de Gas Natural. Por otro lado, Sacyr ha paralizado la ampliación de la autopista Corredor 5 de 202 kilómetros, y mantiene un contencioso con la Agencia Nacional de Infraestructuras de Colombia (ANI).

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