Para contextualizar, en 2009, la Comisión ya había multado a Intel con 1.060 millones de euros tras descubrir que la compañía había abusado de su posición dominante en el mercado de unidades centrales de procesamiento (CPU) x86.
La decisión del Ejecutivo comunitario se basa en el hallazgo de que Intel llevó a cabo dos tipos específicos de prácticas ilegales. Por un lado, otorgaba descuentos ocultos total o parcialmente a los fabricantes de ordenadores, a condición de que compraran la mayoría o la totalidad de sus CPU. Por otro lado, Intel pagaba a los fabricantes de computadoras para retrasar el lanzamiento de productos que contuvieran CPU x86 de la competencia y limitar los canales de venta de dichos productos.
En 2022, el Tribunal General anuló parcialmente la decisión de la Comisión de 2009, en particular la conclusión relacionada con la práctica de descuentos condicionales de Intel. Al mismo tiempo, el Tribunal General confirmó que las restricciones manifiestas de Intel constituían un abuso de posición dominante en el mercado según las normas de competencia de la UE.
El Tribunal General también anuló la multa impuesta a Intel en su totalidad tras concluir que no podía determinar el importe de la multa en relación únicamente con las restricciones manifiestas. A raíz de esta sentencia, Bruselas ha adoptado este vienes una nueva decisión que impone una multa a Intel únicamente por las restricciones manifiestas que tuvieron lugar entre noviembre de 2002 y diciembre de 2006 y consistieron en pagos realizados por Intel a tres fabricantes de ordenadores (HP Acer y Lenovo) para detener o retrasar el lanzamiento de productos específicos que contenían CPU x86 de la competencia y limitar los canales de venta.
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Las restricciones evidentes constituyen una infracción grave, por lo que la Comisión ha decidido imponer nuevamente una multa de 376,36 millones de euros a Intel. Esta multa es menor que la sanción original y refleja la menor magnitud de la infracción en comparación con la decisión de 2009. Es importante destacar que esta decisión no afecta el recurso pendiente presentado por la Comisión contra la anulación por parte del Tribunal General de su conclusión de 2009 en relación con los descuentos condicionales de Intel.
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