Los auditores europeos han compartido sus previsiones sobre el despliegue de redes 5G en Europa y aseguran que es necesario un nuevo impulso en la UE para poder alcanzar los planes previstos.
“El escaso número de proveedores capaces de construir y operar redes 5G aumenta la dependencia y los riesgos por la interferencia de ‘agentes estatales hostiles’”
Según estimaciones de la UE, la 5G puede añadir hasta un billón de euros al PIB de la UE entre 2021 y 2025, además de crear o transformar hasta 20 millones de puestos de trabajo. Sin embargo, a pesar de su potencial, también trae consigo riesgos. “El escaso número de proveedores capaces de construir y operar redes 5G aumenta la dependencia y los riesgos por la interferencia de ‘agentes estatales hostiles’”, apuntan los auditores europeos.
En este sentido, el plan de acción presentado en 2016 por la Comisión Europea se fijaba el plazo de 2025 para el despliegue de la tecnología 5G en todas las zonas urbanas y en las principales vías de transporte, sin embargo, en marzo del pasado año se estableció otro objetivo para lograr una cobertura 5G paneuropea de aquí a 2030.
Asimismo, el Tribunal de Cuentas apunta que sólo la mitad de los Estados miembros han introducidos esos objetivos en sus estrategias nacionales de 5G.
Los auditores europeos advierten además que a pesar del apoyo mostrado por parte de Bruselas a los Estados miembros para alcanzar los objetivos con iniciativas, directrices y alternativas de financiación, no se han definido de forma clara la calidad que se espera de los servicios 5G, lo cual puede provocar “desigualdades en el acceso a los servicios 5G y en su calidad en toda la UE, lo cual acentuaría aún más la brecha digital”.
“La UE se encuentra aún lejos de aprovechar los beneficios que brinda la 5G por el retraso de muchos Estados miembros”
Se espera que en toda la Unión Europea se inviertan hasta 400.000 millones de euros en el desarrollo de redes 5G (espectro, despliegue, etc.) de aquí a 2025. A pesar de ello, Annemie Turtelboom, miembro del Tribunal de Cuentas y responsable del informe, advierte que “la UE se encuentra aún lejos de aprovechar los beneficios que brinda la 5G por el retraso de muchos Estados miembros”.
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España cumplirá los objetivos europeos
Las buenas noticias a nivel local señalan que del conjunto de los Estados miembros, se espera que España sí cumpla con los objetivos europeos en materia de despliegue de 5G.
Los auditores señalan que casi todos los Estados miembros (excepto Chipre, Lituania, Malta y Portugal) cumplieron el objetivo intermedio para 2020 de procurar que, al menos, una gran ciudad tuviera acceso a la 5G, sin embargo, advierte que “muchos países de la UE no van bien encaminados para desplegar sus redes 5G”.
España, Dinamarca, Francia, Letonia, Luxemburgo, Hungría, Rumanía, Eslovaquia, Finlandia y Suecia son los únicos países de la UE que cumplirán los objetivos
La Comisión considera que 16 de los países europeos tiene una probabilidad media de cumplir los objetivos (Austria, Chequia, Estonia, Alemania, Irlanda, Lituania, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal y Eslovenia) y 5 países europeos tienen una baja probabilidad (Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre y Grecia) y es que en noviembre de 2021, 23 Estados miembros o habían transpuesto aún la Directiva de la UE en la que se fijan plazos para la asignación de las bandas pioneras, por lo que al ritmo actual, “probablemente no se cumplan los objetivos de la UE para este decenio”.
Concretamente, sobre España, el informe de los auditores españoles advierte que la probabilidad de cumplir los objetivos es alta, al igual que ocurre con Dinamarca, Francia, Letonia, Luxemburgo, Hungría, Rumanía, Eslovaquia, Finlandia y Suecia. En el caso nacional, sólo queda pendiente la trasposición del CECE (la directiva de comunicaciones electrónicas), aunque ya se ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Telecomunicaciones en el Consejo de Ministros y sólo falta su aprobación en el Congreso y Senado que se espera para el primer semestre de 2022. También está pendiente la subasta de la banda de 26GHz, que según avanzamos en Zonamovilidad.es en diciembre se producirá en el segundo semestre de 2022.
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Ciberseguridad 5G
Asimismo, Turtelboom se refiere a la cuestión de la seguridad señalando que “la actitud de los Estados miembros ante la seguridad 5G, con la consiguiente necesidad de que actúen de manera concertada, es todavía una cuestión de importancia estratégica para la soberanía tecnológica y el mercado único de la UE”.
En este sentido, España tiene pendiente aprobar la Ley de Ciberseguridad 5G que se espera para este mismo año en el Consejo de Ministros y posteriormente en el Congreso de los Diputados.
Seis de los ocho mayores proveedores de no se encuentran en la Unión Europea
Esta regulación es clave para afrontar varios de los retos a los que se están enfrentando los operadores de telecomunicaciones a la hora de afrontar sus despliegues ya que la 5G produce problemas de seguridad, a lo que se suma el hecho relevante de que seis de los ocho mayores proveedores de telecomunicaciones (como Huawei, Samsung, ZTE o LG U+, entre otros) no se encuentran en la Unión Europea, por lo que la legislación en estos terceros países es diferente a la europea, especialmente en materia de protección de datos personales.
En este sentido, los auditores europeos encuentran “preocupante” que los usuarios de la Unión Europea puedan estar sujetos a legislaciones extranjeras si los centros de control de estas marcas están fuera de la UE. Pese a ello, ya en enero de 2020, la Comisión Europea aprobó el conocido como 5G Toolbox, una caja de herramientas con propuestas para que los Estados miembros apliquen a sus legislaciones (como la pendiente Ley de Ciberseguridad 5G en España), un aspecto que los auditores europeos advierten que “ya era tarde” porque “una serie de operadores de redes de comunicaciones móviles ya habían seleccionado sus proveedores”.
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Asimismo, los auditores señalan que pese al carácter transfronterizo de los problemas de seguridad de las redes 5G, hay “poca información pública sobre el modo en que los países de la UE gestionan las cuestiones de seguridad y, en particular, el problema de los proveedores de alto riesgo”. Por ello, es “difícil” seguir un enfoque común y se limitan las capacidades de Bruselas para proponer mejoras.
Todo estos problemas de seguridad terminan trasladándose en los costes. En concreto, los auditores advierten que “el hecho de que los Estados miembros deban excluir a los proveedores de alto riesgo de sus redes sin un período de transición puede generar elevados costes de sustitución”.
Además, al no tener normas comunes surge un nuevo problema: que un país declare de alto riesgo a un proveedor y que una compañía utilice dicho proveedor en otro país. Esto, según los auditores, podría afectar a la seguridad transfronteriza e incluso al propio Mercado Único de la UE.
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