La norma, ampliamente aplaudida por el sector a pesar de basarse en un primer borrador europeo del año 2016 y que en algunos casos “muchas de las obligaciones ya están superadas en España”, tiene por delante un desarrollo reglamentario que va a exigir la aprobación de más de 90 reales decretos y órdenes ministeriales para la concreción de esta.
En este sentido, desde el COITT/AEGITT apuestan por la colaboración público-privada para que la coordinación y agilización del despliegue de infraestructuras y redes sean un éxito, junto a la necesidad de información, formación y sensibilización sobre la nueva ley, entablando a los legisladores a acelerar el proceso.
“Es muy importante que en un entorno político complejo se haya conseguido aprobar leyes con un consenso político muy amplio que nos da estabilidad”
Asimismo, durante un encuentro organizado por este organismo en el que han participado los responsables de regulación de las principales telecos en España. “Es un valor para el sector que hayamos podido superar las diferencias políticas y que tengamos una legislación de amplio apoyo”, apunta Víctor Calvo-Sotelo, director general de DigitalES. “Es muy importante que en un entorno político complejo se haya conseguido aprobar leyes con un consenso político muy amplio que nos da estabilidad. Es un bien que cuidar en futuros desarrollos legislativos”, asegura Calvo-Sotelo.
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La ley también tiene ‘peros’
En esta línea se he referido también el director de Regulación de Telefónica España, Alberto Moreno, quien ha puesto en valor que la ley “apuesta claramente por la inversión y la competencia en el despliegue de infraestructuras” ya que tiene “medidas muy relevantes para la reducción de plazos administrativos” que deben ponerse en marcha lo antes posible.
“Es la ley que va a regir la década de los 2020”, pero “nace con alguna dificultad en la que poder encuadrar al sector de las telecomunicaciones” porque “formamos parte de un ecosistema más amplio”.
"Los ingresos del sector se han reducido en 10 años en unos 10.000 millones de euros y eso no ayuda a la inversión"
Moreno ha lamentado que “se ha perdido la oportunidad de gestar un código de servicios digitales y no tanto de comunicaciones electrónicas, algo que se ha intentado salvar con el DSA y el DMA”.
Por su parte, el director de regulación de Orange España, Christian Hacker, ha apuntado que “la inversión es cada vez más complicada y difícil. Por un lado, porque los ingresos del sector se han reducido en 10 años en unos 10.000 millones de euros y eso no ayuda a la inversión. Y, en segundo lugar, porque como hemos desplegado muchísimo, la extensión de estas redes en las zonas poco densas es mucho más costoso”. Del mismo modo, el directivo ha puesto el foco que las plataformas de internet no están apoyando el coste de despliegue de las redes, algo que considera “necesario”.
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Las telecos piden instrumentos para acelerar el despliegue
Por su parte, el director de infraestructuras de Digi, Carlos Herraiz, ha señalado que los operadores se encuentran en muchas ocasiones con Administraciones que “no entienden los ritmos de despliegue” y “nos piden declaraciones de responsabilidad o tienen planes generales de urbanismo desfasados” y que “no están adaptados a la ley”, por lo que ha celebrado que como parte de la ley se haya incluido la creación de una comisión interministerial que ayude a la coordinación con las diferentes administraciones para acelerar el proceso de despliegue, así como otros instrumentos para “que los trámites sean más ágiles” como los incentivos a las comunidades de propietarios para la instalación de redes en sus inmuebles.
"Para desplegar una nueva red, nos encontramos con que hay que pedir permisos hasta a cinco Administraciones diferentes y los plazos se alargan”
En este sentido, Hacker ha lamentado que “el primer problema es el desconocimiento de los ayuntamientos sobre las premisas de la ley”, por ello ha instado a los ayuntamientos a actualizar sus ordenanzas de concesión de licencias de obra. Algo en lo que ha coincidido Moreno al apuntar que “ahora, para desplegar una nueva red, nos encontramos con que hay que pedir permisos hasta a cinco Administraciones diferentes y los plazos se alargan”.
Desde el Gobierno han apuntado durante esta jornada en boca de Pedro Alonso, subdirector de Redes de Telecomunicaciones del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, quien ha señalado que el Ejecutivo está haciendo un gran esfuerzo para la difusión y el desarrollo reglamentario de la ley y ha explicado que están dando cursos de formación a los ayuntamientos para el conocimiento de la norma, así como las negociaciones con entidades y organismos públicos como Adif o la Dirección General de Carreteras para acelerar los permisos que piden los operadores.
“Tenemos fondos y expertise, y esto no puede perderse porque no tengamos permisos suficientemente ágiles”, ha advertido el director de regulación de Telefónica España.
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