Inicialmente, la idea de la Comisión Europea de cara a esta nueva legislación se centraba en la reducción de los costes y de los tiempos para el despliegue de las redes 5G y gigabit, sin embargo, las principales asociaciones de telecomunicaciones del continente (GSMA, ETNO, ECTA y GIGAEurope) advierten que los últimos cambios van a penalizar a los operadores, sin producir “ningún beneficio real en términos de simplificación administrativa”.
Así, las telecos señalan que las medidas clave que iban a ayudar a acelerar los despliegues “se están poniendo en duda”, entre ellas las aprobaciones tácticas, que permitirían la instalación de fibra cuando los permisos de construcción no se conceden en un plazo razonable.
Además, aseguran que los esfuerzos de inversión en 5G y fibra en todo el continente se verán “socavados por propuestas de regulación de precios agresiva e injustificada en mercados competitivos de comunicaciones intracomunitarias, sin ninguna evaluación de impacto ni pruebas de fallos del mercado”.
Las cuatro asociaciones coinciden en que, si no se recupera el espíritu original de la propuesta de la Comisión Europea, “mantener las normas actuales sería menos perjudicial para el despliegue de las redes que aplicar un Reglamento mal concebido”.
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