Este escrutinio busca asegurar que Meta cumpla con su responsabilidad de evitar la propagación de publicidad política que podría comprometer los procesos electorales, especialmente en un contexto de elecciones múltiples en Europa en 2024, incluyendo los comicios del Parlamento Europeo en junio.
La investigación no se centrará exclusivamente en Rusia, aunque este país ha sido mencionado específicamente en relación con los esfuerzos por socavar las elecciones europeas mediante campañas de desinformación. La Comisión Europea enfocará su atención en "la manipulación de información por actores extranjeros" en general, sin señalar individualmente a Rusia en su declaración.
Se examinará si las prácticas de colocación de contenido político en Facebook e Instagram cumplen con las leyes vigentes
Este proceso inquisitivo surge tras un informe presentado por Meta en septiembre, en el cual detallaban sus estrategias para manejar los riesgos de desinformación en sus plataformas. La Unión Europea también ha realizado su propia evaluación, lo que ha precipitado la decisión de comenzar formalmente la investigación. De este modo, se examinará si las prácticas de colocación de contenido político en Facebook e Instagram cumplen con las leyes vigentes, incluyendo la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) de la UE.
Según la DSA, aprobada en abril del año pasado, las plataformas digitales deben ser transparentes sobre las medidas que toman para combatir la información falsa y la propaganda. De encontrarse que Meta no cumple con estas regulaciones, podría enfrentar multas de hasta el 6% de su facturación global anual.
Cinco días de presión
Además de abordar los riesgos directos de desinformación, la Comisión examinará la accesibilidad y la usabilidad de los mecanismos de Meta para que los usuarios denuncien contenido ilegal, una medida también enmarcada dentro de la DSA. La investigación no tiene un plazo definido de conclusión y dependerá de la cooperación de Meta con las autoridades reguladoras de la UE.
La Comisión ha otorgado a Meta un plazo de cinco días laborables para responder y detallar cómo abordará estos problemas, bajo la amenaza de imponer medidas correctivas adicionales conforme a la DSA.
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