El anuncio ha causado un gran revuelo en las redes sociales, en parte, por lo mal explicado que ha estado por algunos medios de comunicación generalistas que han limitado el anuncio a lo meramente superficial: que el Gobierno quiere que la gente se tenga que registrar para consumir estos contenidos.
Pero, la realidad va más allá de esto. El anuncio responde al Reglamento europeo eIDAS 2, que obligará para 2027 a que todas las empresas de este tipo tengan un sistema capaz de verificar de manera fiable la identidad de la persona y en este caso en particular, que la persona sea mayor de edad, sin necesidad de saber si se llama Juan, Eustaquio o Margarita.
No es oro todo lo que reluce
La solución, sin embargo, genera muchas incógnitas, algunas de ellas graves; ya que nace totalmente limitada a las fronteras españolas, lo que supone un grave problema porque las principales páginas de pornografía en nuestro país no están alojadas en España, por lo que quedarán fuera de esta normativa en su primer embiste (para 2027 sí deberían estar dentro todas las que tienen su sede en Europa): por poner algunos ejemplos, Pornhub está en Luxemburgo, Xvideos en República Checa y XHamster en Chipre, OnlyFans en Reino Unido…
Otro de los retos que supone esto es precisamente la neutralidad de la red, uno de los principios básicos del funcionamiento de internet, por lo menos en la Unión Europea, y que enfrentará ahora al desafío de que para acceder a un sistema será necesario contar con otro y estar registrado.
El problema intrafamiliar es aún mayor, ¿por qué debe el Estado hacer las veces de padre o madre de los menores?
Más allá de esto, el problema intrafamiliar es aún mayor, ¿por qué debe el Estado hacer las veces de padre o madre de los menores? Decía el filósofo Bertrand Russell (siglo XX) que el Estado debería intervenir en ciertas circunstancias para garantizar el bienestar y la educación adecuada de los niños y parece que eso es lo que hacen ahora desde el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez, pero en su obra "Dos Tratados sobre el Gobierno Civil", en filósofo John Locke responde a esta idea defendiendo el derecho natural e inherente a criar y educar a sus hijos que tienen los padres, un derecho que no proviene del Estado, sino de la naturaleza en sí y de la relación intrínseca que hay entre progenitores e hijos, algo que conlleva una responsabilidad moral y ética, limitando la intervención del Estado a casos extremos como los abusos infantiles o la negligencia en los que el bienestar del menor está en peligro. Cada cual que siga la corriente que quiera.
¿Excusa válida o ventana de Overton?
No quería yo ponerme filosófico con esta teoría, pero si nos fijamos en este caso particular, pocos podrán objetar que la sociedad tiene un problema. Los datos son claros y así los ha tratado de explicar el ministro responsable, José Luis Escrivá: los niños acceden por primera vez a contenidos pornográficos a la friolera edad de entre 9 y 11 años, por contextualizar, en esas edades los pequeños aún están en Primaria. Además, los datos señalan que el 70% de los adolescentes consumen pornografía de manera habitual y para uno de cada tres jóvenes, el porno es la única fuente de información afectivo-sexual.
El ministro ha ido más allá en encuentros con la prensa y ha ligado el consumo de la pornografía con las agresiones sexuales, señalando que los ataques de este tipo producidos por menores de edad han crecido un 116% en los últimos cinco años, según datos de la Fiscalía, aunque no existe una causa-efecto real.
Pero es en casos como este cuando es conveniente volver a releer algunas obras de teoría política y filosófica. Concretamente hay un concepto denominado la Ventana de Overton y que describe el rango de ideas y políticas que están consideras como aceptables y viables por el público en cada momento.
Las ideas políticas se mueven dentro y fuera de la ventana de aceptabilidad pública en función de cómo lo vea el público para evitar un rechazo popular
Explicada por Joseph Overton, exvicepresidente del Centro Mackinac para Políticas Públicas, señala que las ideas políticas se mueven dentro y fuera de una ventana de aceptabilidad pública en función de cómo lo vea el espectador; y se clasifica con el fin de evitar un rechazo popular. Se establece, por tanto, así un rango de aceptabilidad que depende precisamente del debate público.
Esto se puede aplicar en el caso del Gobierno de España, el cual según se prepara para afrontar una polémica medida (impuestos, amnistía, nombramientos…) preparan el terreno desde el discurso público para que la disposición entre en la ventana de aceptabilidad y la ciudadanía la admita como válida. La educación (cojamos el caso de la Independencia de Cataluña como un ejemplo) y la persuasión son otras dos de las vías para mover la ventana hacia ideas más favorables para los políticos de turno.
En este sentido, el filósofo italiano y teórico marxista, Antonio Gramsci, explica su teoría de Discurso Hegemónico, en la que introduce la idea de que la clase dominante (sea cual sea el poder de cada momento) mantiene su poder no solo a través de la coerción, sino también mediante el control del discurso cultural y la ideología dominante, en este caso, la idea del socialismo que representa la izquierda en España.
Así, si se controla el discurso en cada momento e instante (Discurso Hegemónico) se puede llevar cualquier tema a la ventana de aceptación de la población (Ventana de Overton).
Quizás el control parental que obligarán a introducir en todos los dispositivos sea una medida más útil de primeras, siguiendo así una propuesta a la italiana. El tiempo dirá.
¿Y qué pasa con la privacidad del usuario?
Filosofía aparte, el concepto de la Cartera Digital y, aún más en concreto, el sistema de verificación de edad para acceder a contenidos pornográficos representa un riesgos grave para la ciberseguridad de los ciudadanos y a la privacidad de sus datos.
En internet, cualquier cosa que se haga siempre traerá consigo dos riesgos: ciberseguridad y privacidad de los datos. El problema es mayúsculo cuando se habla de la protección de datos de menores de edad (y de los mayores) en cuestiones tan sensibles como son: sexo, raza, identidad sexual, religión, y en España podríamos añadir el fútbol.
Es sorpresivo ver como la ciudadanía levanta su mano cuando es el Gobierno quien busca gestionar datos privados como, en este caso, el acceso a una plataforma con contenido para adultos, pero ¿acaso no somos conscientes que la inmensidad de nuestros datos está en manos de entidades privadas como Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), Google, Apple, Microsoft…? ¿Cuántas filtraciones más de estos datos tenemos que ver para ser conscientes que no hay dato seguro en la red?
¿Va a saber el Gobierno si consumes porno o no? Esa es la cuestión que mucha gente se está haciendo y la realidad es que el Ejecutivo será el único que almacene las claves criptográficas que permita emitir las credenciales y, por tanto, solo podrá saber de manera anónima cuántas personas reclaman la verificación de edad, pero no sabrán en ningún caso qué uso se le da.
Las empresas, sin embargo, no necesitan nada de eso. Tu operador sabe a qué páginas accedes y cuánto pasas en cada una de ellas, igual que tu navegador. Tus redes sociales saben qué contenidos ves (y por eso su algoritmo te muestra más de ese tipo de contenidos), el sistema operativo (sí, Android e iOS, Windows o Mac) saben qué haces con tu dispositivo y, si se lo has permitido, envían informes periódicos para mejorar sus servicios, y un largo etcétera. Ahora bien, si no quieres que el Gobierno lo sepa, estás en tu derecho. O no. Veremos. De cualquier manera, será extremadamente sencillo saltarse este proceso: vía VPN, vía webs que no estén alojadas en España; vía cualquier otra plataforma que no sea una página de pornografía…
¿Se imaginan un hackeo que exponga a la luz pública la pornografía que consume una persona, quizás de un político rival, de un periodista díscolo o simplemente de un empresario al que le quieres robar el negocio?
La realidad es que se genera una gran incertidumbre y hay un riesgo más que real en materia de ciberseguridad ya que se tratan de datos e información extremadamente sensible. ¿Se imaginan un hackeo que exponga a la luz pública la pornografía que consume una persona, quizás de un político rival, de un periodista díscolo o simplemente de un empresario al que le quieres robar el negocio? Casos de este estilo hemos conocido, ¿recordamos a Exuperancia Rapú y su caso con el magnate de la prensa española Pedro J. Ramírez? Aquello es factible hoy en día en la red con un ciberataque sofisticado a un dispositivo y está por ver qué pasará con la Cartera Digital.
El Gobierno lo ha trabajado especialmente pensando en evitar estos casos de ciberataques y por esos las credenciales serán siempre anónimas y temporales. Concretamente y simplificando la parte técnica del sistema… La app preguntará a la Administración Digital si el usuario es mayor edad. En caso de serlo, la Administración enviará una credencial en la que se indica únicamente la letra K, que significa que es mayor de edad. Cuando el usuario acceda a una web pornográfica, la web pedirá la credencial anónima a la Cartera Digital, de este modo la Administración no sabrá que uso hace el usuario de su credencial y la web no sabe quién es la persona que está accediendo. La Administración tampoco almacena ni sabe quién las pide ni cuántas pide.
Pero ¿no es acaso una máxima en ciberseguridad aquello de que “no hay nadie a salvo, tampoco los Gobiernos (veamos el ejemplo reciente de la DGT)?
El tiempo dirá qué pasará con esta medida, pero lo que está claro es que vamos a tener que convivir con ella, guste o no guste.
Si (
No(
