El regulador italiano amplía el plazo a los operadores para pagar la multa por pactar un aumento de precios

La Autoridad Italiana de Competencia (AGCM, por sus siglas en italiano) ha decidido ampliar el plazo a los principales operadores del país para pagar la multa de 228 millones de euros, después de que el gobierno nacional adoptase una nueva ley para combatir los efectos de la pandemia del coronavirus Covid-19.

En un boletín, el regulador ha señalado que TIM (Telecom Italia), Wind Tre, Vodafone Italia y Fastweb tendrán plazos de pago extendido del 15 de mayo al 1 de octubre, ya que las empresas en Italia se enfrentan a “dificultades” provocadas por la situación de confinamiento.

Sancionados por colusión para aumentar los precios

Los cuatro operadores fueron sancionados en el mes de febrero a pagar un total de 228 millones de euros tras una investigación que descubrió que los cuatro grandes se habían unido para llevar a cabo prácticas controvertidas en su facturación. En este sentido, los operadores han sido acusados de infringir las normas de competencia al aceptar de forma colectiva aumentar sus precios después de introducir la facturación de 28 días en 2017, lo que dio lugar a una 13ª factura mensual cada año.

Los operadores han sido acusados de pactar aumentos en sus precios después de introducir la facturación de 28 días en 2017, lo que dio lugar a una 13ª factura mensual cada año

Por ello, se sanciona a TIM a pagar 114 millones de euros, a Vodafone Italia a pagar 60 millones de euros, a Wind Tre con 39 millones de euros y Fastweb con más de 14 millones de euros. En su sentencia, la AGCM señalaba que estas multas buscan tener un efecto disuasorio con respecto a una posible futura colusión entre los operadores.

En 2018, las autoridades tomaron medidas cautelares urgentes para detener esta práctica tras realizar inspecciones y posteriormente los operadores se vieron obligados a informar a los clientes de que la facturación se calcularía de nuevo mensualmente a partir de los meses de marzo y abril de ese año, pero asociaciones de consumidores han acusado a los operadores de aumentar los precios de forma injustificada para compensar el requisito de abandonar estas prácticas.