Intel se salva, de momento, de la multa de 1.060 millones de euros impuesta por la Unión Europea
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Intel se salva, de momento, de la multa de 1.060 millones de euros impuesta por la Unión Europea

El TJUE ha ordenado que se reexamine el asunto y ha anulado la multa de 1.060 millones de euros

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La máxima corte europea ha anulado la sentencia histórica de 1.060 millones de euros impuesta a Intel en 2009 por parte de la Comisión Europea.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha anulado la sentencia del Tribunal General que confirmaba la multa de 1.060 millones de euros impuesta a Intel por haber abusado de su posición dominante en el mercado de los microprocesadores, habiendo cometido una supuesta infracción contraria a la normativa europea sobre competencia.

Según ha explicado el TJUE, la sentencia devuelve el asunto al Tribunal General que tendrá que rexaminar el asunto tras considerarse que no se examinó de manera adecuada las alegaciones presentadas por Intel.

Además, el segundo órgano tendrá que evaluar la capacidad de los descuentos diseñados por Intel, y es que, según se explicaba en el veredicto de la autoridad, Intel habría ofrecido descuentos a cuatro compañías fabricantes de ordenadores: Dell, HP, NEC y Lenovo, para que eligiesen sus procesadores sobre los de otras marcas

El segundo órgano tendrá que evaluar la capacidad de los descuentos diseñados por Intel

Por otro lado, el TJUE ha desmentido las alegaciones que presentó la firma sobre la falta de competencia territorial de la Comisión para imponer la multa y sobre la existencia de vicios de procedimiento.

En el veredicto se reconocía que “ninguno de los argumentos presentados por Intel apoya la conclusión de que la multa impuesta es desproporcionada”, algo que refuerza la argumentación de la Comisión de que los descuentos eran una forma de restringir la competencia, y que no se consideran necesarios debido a la alta cuota de mercado de la firma.

De este modo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado tregua a la compañía al anular la sentencia del Tribunal General, lo que implica que el caso deberá volver a la corte inferior, para que se reexamine la sanción.

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