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viernes 07 de mayo de 2021, 16:21h

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El Tribunal Supremo de Justicia ha avalado la tasa municipal por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local a las compañías que actúan en el sector de la telefonía fija y de acceso a Internet.

La justicia española toma esta decisión refiriéndose a una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. De este modo, estima los recursos de una serie de ayuntamientos (Pamplona, Salamanca, Alicante, Mataró y Alcobendas) que habían interpuesto recursos tras el fallo de los tribunales a favor de Orange en instancias previas. La resolución afecta a las compañías titulares de las redes o infraestructura utilizadas y a los titulares de un derecho de uso, acceso o interconexión de estas.

El alto tribunal fija así la siguiente doctrina: “Las limitaciones que para la potestad tributaria de los Estados miembros se derivan de los artículos 12 y 13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de telecomunicaciones (Directiva autorización), tal como han sido interpretados por la STJUE (Sala Cuarta) de 27 de enero de 2021, Orange, C-764/18, no rigen para las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local exigidas a las compañías que actúan en el sector de la telefonía fija y de los servicios de internet, tanto si éstas son las titulares de las redes o infraestructuras utilizadas como si son titulares de un derecho de uso, acceso o interconexión a las mismas”.

En este sentido, el Supremo no se refiere a cómo debe cuantificarse el impuesto ni ha hecho ninguna declaración expresa de condena al pago de costas.

El 1,5% de ingresos brutos

La tasa en conflicto es la que tienen que pagar las empresas explotadoras de servicios de suministros de interés general como contraprestación por el uso del dominio público local. Esta tasa supone el 1,5% de los ingresos brutos procedentes de la facturación que las empresas obtengan anualmente en cada término municipal.

Consultados al respecto, desde DigitalES, patronal española de los operadores, señalan su respeto por la Justicia, pero reiteran su apuesta por “la reducción de las distintas figuras fiscales que existen en nuestro país, lo que daría mayor previsibilidad y seguridad jurídica a la empresas de esta industria estratégica”. “La enorme variedad de tasas, la subjetividad en el cálculo de algunas de ellas, sumado a una presión fiscal que prácticamente duplica la media europea, afecta a la capacidad de las operadoras para hacer los despliegues”, apuntan desde la patronal.

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