En 2009 empezó a operar en España un sistema de pulseras antimaltrato que llevan más de 3.000 personas para controlar que cumplen las órdenes de alejamiento y que no se acercan a sus víctimas, un servicio que ha estado en manos de Telefónica desde entonces, pero que con la nueva resolución pasará a manos, previsiblemente, de Vodafone España.
La adjudicación, que todavía no se ha hecho oficial, se espera que se resuelva pronto dando vencedora a Vodafone después de que Telefónica haya decidido no presentarse y que la firma británica Buddi Limited, la única rival de Vodafone en este concurso, no haya completado correctamente el proceso, dejándoles fuera del procedimiento.
Según avanza El Confidencial y ha podido confirmar Zonamovilidad.es, Buddi se excusa señalando que como firma extranjera no le corresponde firmar electrónicamente los documentos para que la oferta fuese efectiva, pero la mesa de contratación asegura que, al margen de los problemas con la firma, la entidad no ha completado el envío de todos los documentos de su oferta en el plazo permitido, por lo que se queda fuera del contrato.
De este modo, Vodafone se convierte en adjudicatario virtual de un contrato controvertido porque, a pesar de que se ha aumentado su presupuesto, no es rentable para la mayoría de licitadores. A finales de 2022, el Gobierno contaba con 3.230 pulseras activas en España y sobre esta cifra se ha registrado el contrato con un presupuesto de 41,38 millones de euros, una cifra que se ha disparado en los últimos trece años, muy lejos de los iniciales 3,81 millones del año 2010.
En este sentido, fuentes del sector señalan que la guerra de precios que se lleva años viviendo en el mercado residencial de las telecomunicaciones se está empezando a notar en la Administración pública, lo que está llevando a la baja grandes contratos del sector.
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