El Ministerio de Igualdad prevé licitar “en unos meses” un nuevo contrato para la gestión del sistema Cometa, la plataforma de control telemático de agresores de violencia de género que actualmente gestiona Vodafone España.
La renovación incorporará “mejoras técnicas”, entre ellas una nueva capa de plataforma para disponer en todo momento del dato operativo de los dispositivos y su histórico. En un videocomunicado, la ministra Ana Redondo ha pedido tranquilidad a las víctimas: “Las pulseras funcionan, el dispositivo Cometa siempre ha funcionado y sigue funcionando correctamente, salva vidas a diario, está en conexión inmediata con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.
Qué ha pasado con el histórico de datos
El actual contrato, prestado por la UTE Vodafone-Securitas, sustituyó a Telefónica a finales de 2023. En esa migración se produjeron incidencias que, hasta marzo de 2024, impidieron a los operadores del sistema consultar el histórico previo de geolocalización de algunos dispositivos.
La Fiscalía General del Estado señaló en su memoria de 2024 “numerosas” absoluciones y sobreseimientos provisionales en causas por quebrantamiento por la pérdida temporal del registro histórico. Igualdad ha pedido a la Fiscalía que concrete el alcance. Redondo reconoce “incidencias y disfunciones”, pero sostiene que el impacto fue limitado: “Prácticamente ninguno quedó en libertad de forma injusta. Solo afectó al 1% de los casos”.
En este sentido, el Observatorio del CGPJ remitió dos cartas, con fecha 8 de enero y 21 de febrero, a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género alertando de fallos reportados por juzgados, incluidos problemas de geolocalización, falsas alarmas y facilidad de manipulación en algunos casos, y solicitó medidas.
La polémica ha escalado al debate político y la ministra ha criticado al Partido Popular por “utilizar el miedo” y ha reiterado que “las mujeres nunca, nunca han estado en riesgo”. Por su parte, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha reclamado “una pequeña investigación” para “reparar a las víctimas” si hubiera perjuicios.
¿Y qué dice Vodafone de todo esto?
Según fuentes de Moncloa, el sistema, operativo desde 2009, protege actualmente a más de 4.500 mujeres y da cobertura total a unas 8.600 personas entre víctimas y agresores. El centro Cometa opera 24/7 y, ante un fallo o manipulación, “se avisa de inmediato a víctima y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. Igualdad insiste en un dato clave de confianza institucional: “Ninguna mujer ha sido asesinada” cuando tenía activo uno de estos dispositivos en 2022, 2023 y 2024.
Vodafone, responsable de la plataforma tecnológica, los dispositivos y el software dentro de la UTE con Securitas, afirma que el sistema “se encuentra plenamente operativo”
Vodafone, responsable de la plataforma tecnológica, los dispositivos y el software dentro de la UTE con Securitas, afirma que el sistema “se encuentra plenamente operativo” y que su prioridad “ha sido y sigue siendo velar por la seguridad de las víctimas en todo momento”. La compañía reconoce fallos en la transmisión de datos durante el traspaso de contrato, “resueltos en su momento”, con la información “actualmente accesible para las autoridades competentes”.
Sobre el dispositivo, suministrado por Oysta Spain (Grupo Access), el operador subraya que es un brazalete certificado en la UE que integra sensores de manipulación, cifrado de comunicaciones y geolocalización en tiempo real. El nuevo modelo procesa “más de 30 millones de posiciones diarias y alrededor de 1.700 alertas de proximidad”, combinando GPS, redes móviles de cualquier operador y WiFi para mejorar precisión y trazabilidad, apoyado por centros de datos redundados y protocolos de respuesta inmediata.
Qué implica la nueva licitación
Desde 2009, 21.000 mujeres han utilizado pulseras antimaltrato en España. La licitación anunciada por Igualdad busca “incluir mejoras técnicas” y reforzar el control en origen del dato y su disponibilidad histórica, el principal punto débil evidenciado por la migración 2023-2024. El futuro pliego incorporará una plataforma que consolide telemetría, auditoría y trazabilidad, y previsiblemente exigirá planes de continuidad de negocio y migraciones reversibles para evitar pérdidas de información en cambios de proveedor.
Además de reforzar la tecnología, el nuevo contrato deberá cumplir tres requisitos esenciales: garantizar una geolocalización altamente fiable, asegurar la integridad probatoria de los datos para los tribunales y mantener tiempos de reacción mínimos en coordinación con las fuerzas de seguridad.
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