La red social X (antes Twitter) ha anunciado el cierre de su oficina en Brasil tras un conflicto legal con el magistrado Alexandre de Moraes, miembro de la Corte Suprema del país.
Según la compañía, esta medida se toma debido a las "amenazas" del juez, quien habría amenazado con encarcelar a los representantes legales de X en el país si no cumplían con las resoluciones judiciales que ordenaban la eliminación de contenido de la plataforma.
X acusa a De Moraes de actuar en contra de la ley y el debido proceso
El comunicado de X, publicado en la misma red social, acusa a De Moraes de actuar en contra de la ley y el debido proceso, al emitir órdenes que consideran "censura". La empresa, propiedad de Elon Musk, argumenta que la decisión de cerrar la oficina en Brasil responde a la necesidad de proteger a sus empleados. Sin embargo, la plataforma seguirá operativa en el país, aunque sin una presencia física.
El conflicto con la justicia brasileña se remonta a las investigaciones que lidera De Moraes sobre la difusión de noticias falsas y discursos de odio en redes sociales. El magistrado ha sido un actor clave en la lucha contra la desinformación, especialmente durante las elecciones de 2022, cuando ordenó la retirada de publicaciones que cuestionaban la integridad del sistema electoral brasileño. Estas acciones lo han convertido en un blanco constante de la ultraderecha y de los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro.
Elon Musk no tardó en manifestarse sobre la situación, apoyando públicamente las peticiones para arrancar un proceso de destitución contra De Moraes. En su cuenta de X, Musk ha comparado al magistrado con el villano de Harry Potter, Voldemort, en un tono claramente sarcástico. Esta postura refleja la tensión entre la visión de Musk sobre la libertad de expresión y las restricciones impuestas por las autoridades judiciales de Brasil.
El documento judicial más reciente señala que, de no eliminar los perfiles indicados, el representante legal de X en Brasil se enfrentaría a multas diarias de 20.000 reales (unos 3.600 dólares) y hasta prisión por desacato.
A pesar del cierre de la oficina, X continuará funcionando en Brasil, lo que deja abierta la pregunta sobre cómo gestionará futuros conflictos legales sin una representación directa en el país.
Si (
No(
