La nueva norma, impulsada por el Ministerio de Consumo y aprobada por el Congreso, entrará en vigor mañana 1 de enero de 2022 obligando a todos los vendedores a ofrecer una garantía de tres años con la modificación de la modificación del Real Decreto Legislativo 1/2007.
Esta regulación forma parte de la “estrategia de fomento de la economía circular destinada a incrementar la durabilidad de los bienes” del Gobierno con la que quieren ayudar a reducir el impacto ambiental del modelo productivo.
De este modo se amplían los plazos del derecho de garantía para los productos comprados en caso de que se presenten defectos o si se estropeen y también se extiende el periodo en el que se podrán reclamar en caso de no estar conformes que ahora alcanza los cinco años.
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10 años de piezas para reparaciones
La gran polémica de esta regulación llega, sin embargo, en el apartado de las reparaciones. La nueva norma duplica la obligación a los fabricantes de tener piezas para reparar productos. De esta manera, los fabricantes tendrán obligación de almacenar y guardar piezas para reparar cualquier producto vendido a partir de mañana 1 de enero durante 10 años.
Esta parte de la norma es la más compleja de cumplir ya que, en el ámbito tecnológico, las compañías advierten que un producto de 7, 8 o más años de antigüedad es obsoleto y su tecnología también, por lo que almacenar durante diez años placas base, memorias y otros componentes puede ser un detrimento ya que se obliga a fabricar exceso de componentes para almacenarlos, incrementando los gastos de las empresas.
Esto, a su vez, tendrá un impacto en los consumidores, ya que se espera una subida de los precios de entre un 2 y un 6 por ciento, en función del producto y la marca, para afrontar los gastos extra a los que obliga la regulación.
¿Qué pasa con los productos de segunda mano?
La norma también hace referencia a los productos comprados de segunda mano. En este caso, se establece que el consumidor y la empresa podrán pactar una duración concreta del plazo de garantía que tendrá que ser, como mínimo, de un año.
Garantía en los servicios digitales
Por otro lado, la norma afecta también a los suministradores de servicios digitales, que tendrán que ofrecer una garantía mínima de dos años: programas informáticos, aplicaciones, archivos de vídeo, audio y música, juegos digitales, libros electrónicos y otras publicaciones electrónicas.
En este sentido, se incluye por primera vez también los contratos en los que los consumidores pagan con la cesión de sus datos para el uso de un servicio en línea, ya sea en redes sociales, correo, mensajería instantánea y otros.
De la norma quedarán excluidos los programas libres y de código abierto.
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