El consejo de administración de Telefónica se reúne hoy en una sesión clave para definir la nueva composición de su órgano de gobierno.
En este contexto, el economista Carlos Ocaña, actual consejero de la compañía por la SEPI, se perfila como el nuevo vicepresidente, consolidando así la influencia del Estado en la teleco española tras la inversión realizada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
La SEPI, vehículo inversor del Estado español, adquirió un 10% del capital social de Telefónica por 2.100 millones de euros, con el objetivo de igualar la participación de Saudi Telecom Company (STC). Este movimiento ha provocado una recomposición en la estructura de poder, asegurando al Gobierno una posición estratégica dentro del consejo.
Nombramiento de Carlos Ocaña y el rol del Estado
Carlos Ocaña, nombrado consejero en mayo de 2024, ha desarrollado una trayectoria ascendente en Telefónica. En apenas unos meses, ha pasado a formar parte de las comisiones de Auditoría y Control, así como de la Comisión Delegada. Con su nombramiento como vicepresidente, el Ejecutivo español logra equiparar su poder al de CriteriaCaixa, que también ostenta un 10% de las acciones de la compañía y cuya representación recae en Isidro Fainé.
La vicepresidencia que ocupará pertenecía a Javier Echenique, quien falleció en diciembre
El ascenso de Ocaña se produce en un momento de cambios significativos dentro de Telefónica. La vicepresidencia que ocupará pertenecía a Javier Echenique, quien falleció en diciembre de 2024. En paralelo, STC ha propuesto la incorporación de su consejero delegado, Olayan M. Alwetaid, al consejo de administración, reforzando así la presencia de la compañía saudí en la operadora española.
Asimismo, el consejo prevé la salida de Francisco Riberas, presidente de Gestamp y hasta ahora consejero independiente. En su lugar, una de las candidatas que suena con fuerza es Ana María Sala, secretaria del consejo de administración de Indra. Su incorporación permitiría a Telefónica cumplir con los requisitos de paridad de género exigidos por la legislación vigente.
El Gobierno amplía el control sobre Telefónica
El Estado español ha recuperado una posición de control en Telefónica que no tenía desde las privatizaciones de los años noventa. Esta maniobra se enmarca dentro de una estrategia para proteger sectores estratégicos de la economía nacional, en un contexto de creciente interés de inversores extranjeros por compañías con peso en la infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones.
Por otro lado, BBVA, otro de los accionistas históricos de Telefónica, mantiene una participación del 4,9%, lo que lo sitúa en una posición de menor influencia en el consejo. Según los estatutos de la compañía, para conservar su asiento en el máximo órgano de gobierno, el banco debería elevar su participación hasta al menos un 6,7%.
La reunión del consejo de administración no solo marcará la nueva estructura de gobierno de Telefónica, sino que también servirá para aprobar las cuentas anuales de 2024 que se presentarán mañana mismo.
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