Esta nueva ley tiene como objetivo “cumplir con los compromiso normativos adquiridos con la Unión Europea” y “adaptar la regulación a las nuevas formas de delincuencia” para “contribuir a la armonización de los ordenamientos jurídicos de los diferentes Estados de la UE”, explica la ministra de Justicia, Pilar Llop.
De este modo se transpondrán tres directivas comunitarias: para luchar contra el fraude y falsificación de medios de pago distintos al efectivo; luchar contra la corrupción económica; y abordar el intercambio de información de antecedentes penales de nacionales de terceros países.
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Contra el fraude digital
La primera de las normativas, relativa al ordenamiento del ámbito digital y económico, busca luchar contra la ciberdelincuencia, especialmente la relativa al fraude digital, y sancionar el uso fraudulento de nuevos medios de pago, concretamente, aquellos con carácter digital y cuyo uso se ha generalizado en los últimos años.
En concreto, se pone el foco en las aplicaciones de pago a través del teléfono móvil, como Bizum o PayPal, así como el uso de las criptomonedas, nuevos medios de pago que según el ministerio ofrecen “nuevas oportunidades para el fraude”, lo que obliga a actualizar la regulación.
La transposición de la Directiva (UE) 2019/713 conlleva reformar los artículos 248 y 399 bis del Código Penal para garantizar la seguridad de la economía digital y el correcto uso de los medios de pago más actuales.
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