David Kaye, experto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), organismo que pertenece a la ONU, ha reclamado a la Unión Europea las recientes modificaciones en su Directiva de Copyright. A su vez, solicita “armonizarla con los estándares internacionales de la libertad de expresión”.
El motivo principal de protesta de Kaye se centra en el artículo 13 de la Directiva de derechos de autor, que fue incluido de manera reciente en el último borrador de la directiva elaborado por la Unión Europea. El Parlamento Europeo lo votará la última semana de marzo.
Artículo 13 de la UE
El artículo 13 recoge la obligación de los proveedores de Internet de analizar el contenido subido por los usuarios a la red con el fin de detectar posibles infracciones a la propiedad intelectual.
Según David Kaye, relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, “Europa tiene la responsabilidad de modernizar sus leyes de derechos de autor para afrontar los desafíos de la era digital, pero esto no puede hacerse a expensas de la libertad de expresión de la que los europeos disfrutan hoy”.
El artículo 13 recoge la obligación de los proveedores de Internet de analizar el contenido subido por los usuarios a la red.
En palabras de Kaye, el artículo 13 “parece destinado a conducir a las plataformas de Internet a monitorizar y restringir el contenido generado por el usuario en el momento de la subida”, y por ende lo señala como “una respuesta ni necesaria ni proporcionada”.
El experto de ACNUDH ha insistido en que el artículo 13 a largo plazo “pondría en peligro el futuro de la diversidad de la información y el pluralismo de los medios en Europa”. Así, reclama a la Unión Europea que negocia una alternativa con las agrupaciones de derechos digitales, artistas, periodistas y representantes de la sociedad civil.
Por último, ha advertido sobre la dificultad para diferenciar los contenidos que suponen infracciones de las excepciones por citas, críticas y ‘reviews’, que sí están permitidas. “La mayor parte de las plataformas no calificarán para la excepción y se enfrentarán a prisión legal para instalar y mantener caros filtros de contenido”, alerta.