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Roberto Sánchez, Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, durante el encuentro Diálogos Google Nebrija
Roberto Sánchez, Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, durante el encuentro Diálogos Google Nebrija (Foto: Alfonso de Castañeda)

La Ley de Comunicación Audiovisual estará en marcha en la primera mitad de 2022

Por Alfonso de Castañeda
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alfondcctelycom4com/8/8/17
lunes 25 de octubre de 2021, 17:03h

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El Gobierno de España tiene pendiente la puesta en marcha de la nueva regulación de las Comunicación Audiovisuales, una ley que lleva meses retrasándose y que ya ha provocado una reprimenda europea por su retraso.

La nueva Ley General de Comunicación Audiovisual tiene la obligación de trasponer la directiva europea de servicios de comunicación audiovisual que se aprobó en 2018 y que tenía que haberse traspuesto, como tarde, en 2020.

Los retrasos constantes en su aprobación han llevado a la Comisión Europea a lanzar un ultimátum en septiembre concediendo a España dos meses para tramitar y trasponer la ley. Sin embargo, el proceso de aprobación está todavía abierto con un anteproyecto que se espera que llegue al Congreso en las próximas semanas para su aprobación, tras lo cual tendrá que llegar al Senado.

“La ley estará implantada en España en el primer semestre del año que viene”

Con este calendario sobre la mesa, el Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Roberto Sánchez, ha asegurado en ‘Diálogos Google Nebrija’, un encuentro coorganizado por Google y la Universidad Nebrija, que “pensamos que, con seguridad, la ley estará implantada en España en el primer semestre del año que viene, habiendo ya superado para entonces el proceso del Congreso y demás partes implicadas”.

Tal y como ha explicado Sánchez, la ley es “compleja” y busca sustituir a la aprobada en el año 2010. “En 11 años la vida ha cambiado y también lo ha hecho la industria audiovisual porque la forma de consumo es muy distinta y se ha internacionalizado mucho más”, ha apuntado.

“El juego de equilibrios es extraordinariamente complicado”

El Secretario de Estado ha recordado además que la directiva lleva discutiéndose varios años ya y que es “una de las leyes más consultadas” ya que se ha sometido a varios procesos de consulta y debate público porque “es muy compleja y afecta a muchos intereses distintos” por lo que “el juego de equilibrios es extraordinariamente complicado”.

En este aspecto, Sánchez ha señalado que “creemos haber hecho un ejercicio de intentar buscar el equilibrio que permita que los distintos agentes de la norma puedan desarrollar su actividad en el marco razonable, pero con algunas limitaciones”.

Con todo ello, apunta que el anteproyecto de ley llegará al Congreso en las próximas semanas para su aprobación, previsiblemente antes de que concluya el mes de noviembre, y que “con seguridad, toda la que se puede tener en estos tiempos, la ley estará implantada en el primer semestre del año”.

Asimismo, ha detallado algunos aspectos de la regulación destacando que se trata de “una ley con vocación de perdurar” ya que se trata una industria en constante evolución que “sentará la base para que España sea reconocida como un gran hub audiovisual de España”.

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División de opiniones en el sector

Como es habitual en toda regulación, la industria está dividida sobre si se trata de una regulación positiva o negativa. En términos generales, se ha valorado de manera positiva la regulación ya que se introducen aspectos importantes como las plataformas de intercambio de vídeo.

Sin embargo, las voces críticas se centran, como es habitual en todo lo relacionado con el mundo digital, a la capacidad de acción de los gobiernos. Las fronteras en el mundo digital no existen y esto permite a una empresa de Estados Unidos ofrecer sus servicios en España sin ningún problema y con costes más reducidos, sin embargo, la legislación se encuentra navegando entre el mundo digital y el físico y, en la inmensa mayoría de las ocasiones, las normas se limitan a las empresas que cuentan con sede en el país para que les afecte.

“Tenemos ganas de que se implemente la nueva regulación en nuestro país para poder jugar sabiendo las normas"

Aquí está uno de los grandes problemas de esta normativa audiovisual y es que las grandes compañías del momento (Netflix, HBO, Disney+…) no cuentan con una sede en España y operan a través de sus sedes internacionales, como las que tienen en Irlanda, Países Bajos y Luxemburgo, entre otros países, pero no en España. Por tanto, no se les aplican la mayoría de las obligaciones de la ley en materia de financiación de obras europeas o de emisión de contenidos audiovisuales europeos.

“Tenemos ganas de que se implemente la nueva regulación en nuestro país para poder jugar sabiendo las normas”, ha asegurado el cofundador y director de negocio de Filmin, José Antonio de Luna, durante el encuentro Diálogos Google Nebrija. “Todo es mejorable, pero es un paso importante. A todos nos interesa tener un mercado sano en el que podamos jugar de manera responsable”, ha apuntado.

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En esta línea también se ha referido Amalia Pelegrín Martínez-Canales, directora de Política Digital de AMETIC, quien ha asegurado que es “una norma positiva, creemos que el regulador ha hecho un esfuerzo importante para trasponer la directiva europea” y valora de manera positiva el “fomento de mecanismos de autoregulación”.

“Es una ley muy necesaria que espero que para el verano que viene la tengamos en marcha”

También el secretario general de RTVE, Alfonso Morales, ha valorado positivamente la norma, reconociendo que “vamos con retraso, pero es algo normal” y se trata de “una ley muy necesaria que espero que para el verano que viene la tengamos en marcha”. En esta línea ha asegurado que “nos gustaría que se incluyera alguna modificación adicional relativa a la financiación”, un aspecto que en el último anteproyecto conocido liberaba a los operadores de la conocida como ‘tasa RTVE’. “Da respuesta a los problemas actuales y sirve para tener una ley que no nazca obsoleta”, ha asegurado Morales.

El lío de los presupuestos

Todo el debate de la industria sobre la ley de Comunicación Audiovisual parece no tener relevancia en el entorno político y es que, mientras unos reclaman más liberalización o más igualdad de condiciones, el debate político se centra básicamente en los aspectos relacionados con las lenguas oficiales y cooficiales del Estado y las obligaciones de financiación de obras audiovisuales.

Concretamente, en las últimas horas el grupo parlamentario independentista Esquerra República (ERC) ha lanzado un mensaje directo al Gobierno condicionado su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado, en el que reclaman que se proteja "la lengua catalana en el marco de la ley del audiovisual del estado español", tal y como ha apuntado la portavoz de ERC, Marta Vilalta.

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