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Por Alfonso de Castañeda
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martes 29 de junio de 2021, 16:27h

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El Gobierno abre a una segunda audiencia pública el Anteproyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual hasta el próximo 12 de julio en la que establece nuevas normas para la financiación de RTVE, la financiación de obras públicas y la regulación de publicidad para menores.

La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales quiere “alcanzar un amplio acuerdo con la industria”, por ello, han realizado una serie de cambios respecto al primer texto publicado. Según recuerdan desde la Secretaría de Estado, “esta Ley supone la trasposición de una directiva europea”, pendiente desde hace más de dos años, y que “forma parte de la agenda España Digital 2025 y en el Plan de recuperación y resiliencia” con el fin de establecer un nuevo marco legal que aumenten las inversiones en el sector.

“La idea es crear un terreno de juego equilibrado”

Este Anteproyecto recoge los cambios que se han producido en los últimos diez años, no sólo de producciones sino también de distribución. “La idea es crear un terreno de juego equilibrado”, explican desde la Secretaría de Estado.

Tal y como recuerdan, esta normativa se aplicará a todas las compañías que estén radicados en España, siguiendo el principio de país de origen, pero con la excepción de las obligaciones de financiación de obra europea para todos los distribuidores que dirijan sus contenidos a consumidores españoles.

El Gobierno incluye a las plataformas de streaming en la financiación de las obras audiovisuales europeas

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Los operadores no tendrán que pagar la tasa de RTVE

La gran novedad de esta segunda versión del proyecto es la supresión de la aportación directa que realizaban los operadores de telecomunicaciones al ente de RTVE, conocida como la tasa RTVE, una decisión con la que el Gobierno quiere apoyar a los operadores en el despliegue de la 5G, reduciendo así sus gastos en un guiño de cara a la subasta de espectro.

Esta financiación dependía directamente de los ingresos de cada operador, pero según fuentes de la Secretaría de Estado, la aportación directa se encontraba en una horquilla entre los 100 y los 120 millones de euros al año.

A pesar de ello, la televisión pública no dejará de ingresar esta cuantía, ya que “se compensa prácticamente por completo” con la nueva norma que establece que RTVE ingrese anualmente 480 millones de euros correspondientes de la tasa radioeléctrica, frente a los 380 millones de los últimos años y los 410 millones de este año, modificado por la situación de la pandemia. De este modo se elimina la doble tributación a la que estaban obligados los operadores desde que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero la creara en 2009.

Esta decisión pone fin a años de discusiones entre los operadores y el Gobierno, después de que en 2014 la Comisión Europea obligara al Ejecutivo a eliminar esta tasa, que terminó llegando a los juzgados europeos.

Asimismo, las plataformas de streaming como Netflix, HBO, Amazon Prime y Disney+, así como las de intercambio de vídeo como YouTube, tendrán que abonar el 1,5% de sus ingresos anuales en España a la financiación del ente público.

Por otro lado, RTVE podrá monetizar ciertos contenidos con patrocinios, publicidad en la emisión internacional y en los contenidos digitales.

Financiación del cine

Por otro lado, se mantiene la normativa obligatoria para las plataformas de vídeo en streaming de destinar el 5% de sus ingresos generados en España a financiar obra audiovisual europea.

En los casos cuya facturación en España supere los 50 millones de euros, se tendrá que destinar el 5% de sus ingresos a financiar obra audiovisual, de los cuales de esa cuantía el 70% se destinará a producciones independientes y un mínimo del 40% a obras en lenguas oficiales y cooficiales de España.

En los casos cuya facturación sea inferior a los 50 millones, pero superior a 10 millones, se elimina la obligación de las lenguas oficiales. Por su parte, todas aquellas que generar unos ingresos en España inferiores a los 10 millones de euros estarán exentos.

Desde la secretaría de Estado confían en poder presentar este Anteproyecto de Ley al Consejo de Ministros a finales de octubre o principios de noviembre, y que este mismo año llegue al Congreso de los Diputados con la confianza de que “se pueda aprobar rápidamente”

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