La Policía Nacional ha detenido al presunto autor del ciberataque que derivó en la filtración masiva de datos personales del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, varios ministros, la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, y otros altos cargos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El arrestado, conocido en entornos digitales bajo el alias N4t0x, ha sido localizado menos de tres semanas después de que la Audiencia Nacional abriera diligencias para investigar la brecha de seguridad, considerada una de las más graves en materia de ciberseguridad institucional en los últimos años.
La operación, dirigida por el juez Antonio Piña, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, se inició el pasado 22 de septiembre, tras recibir un atestado policial que alertaba del alcance de la filtración. En menos de tres semanas, los expertos en ciberseguridad de la Policía Nacional han conseguido identificar y neutralizar la amenaza, culminando la investigación con la detención de N4t0x.
Fuentes judiciales y policiales citadas por El Español destacan la rapidez del operativo y la coordinación entre la Comisaría General de Información (CGI), los servicios de inteligencia y los equipos de cibercrimen. En una fase inicial, los investigadores barajaron la posible implicación de grupos vinculados a Rusia, como Noname 057, considerado uno de los colectivos hacktivistas más activos del entorno del Kremlin. Sin embargo, esta hipótesis se descartó tras localizar pruebas que apuntaban a un único autor con motivaciones ideológicas y una capacidad técnica avanzada.
Una brecha con implicaciones en la seguridad nacional
El ataque se produjo a mediados de septiembre y fue difundido por primera vez el jueves 18 en un canal de Telegram denominado SpainData. El propio hacker reivindicó la filtración con un mensaje en el que justificaba su acción como una “advertencia” frente a la “corrupción y falta de ayudas”, en lo que las autoridades consideran un intento de revestir de activismo una acción puramente delictiva.
Los datos expuestos incluían información altamente sensible: el DNI del presidente del Gobierno y de sus familiares, además de direcciones y números de teléfono de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. También se revelaron los domicilios y fechas de nacimiento de la directora del CNI y de su segundo, Luis García Terán, así como datos personales del director de la Policía Nacional, Francisco Pardo, y del entonces número tres del Ministerio del Interior, Eugenio Pereiro.
El contenido de la filtración se amplió posteriormente con datos de representantes políticos de PSOE, PP, Vox, Sumar, EH Bildu y Podemos, lo que eleva el incidente a una escala nacional y obliga a revisar los protocolos de seguridad digital de los organismos públicos.
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