La CNMC ha autorizado a Aire Networks y Suma a suspender servicios a Silbö Telecom por impagos, lo que deja al operador al borde de la desconexión total, obligando a que avise a sus clientes de la situación.
El operador móvil virtual Silbö Telecom se encuentra en una fase crítica apenas dos años después de su lanzamiento. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha autorizado a sus principales proveedores mayoristas a cesar la prestación de servicios por impagos continuados, una decisión que compromete la continuidad del servicio para sus clientes, y evidencia el deterioro financiero de la compañía.
La CNMC ha resuelto dos conflictos clave presentados por proveedores mayoristas de red, Aire Networks que ofrecía la red de Movistar y Suma que ofrecía la de MasOrange
La CNMC ha resuelto dos conflictos clave presentados por proveedores mayoristas de red. Por un lado, Aire Networks solicitó autorización para suspender los servicios de acceso móvil, FTTH y conectividad debido al “impago continuo” desde junio de 2025. Por otro, Suma, operador vinculado a MásOrange, también pidió el cese de servicios por incumplimiento reiterado de las obligaciones de pago.
En ambos casos, el regulador concluye que los operadores no están obligados a sostener situaciones de impago en servicios mayoristas, lo que legitima la interrupción del suministro, en línea con los criterios establecidos por la CNMC en conflictos similares del sector. Asimismo, la CNMC subraya que Silbö no respondió a los requerimientos de información ni presentó alegaciones durante los procedimientos, lo que refuerza la interpretación de una falta de actividad operativa en la compañía.
Cómo afecta la situación a los clientes
La resolución establece un calendario concreto para la desconexión. En el caso de Suma, el corte de los servicios de fibra queda fijado para el 4 de mayo de 2026. En paralelo, Aire Networks podrá cesar la prestación tras un periodo de un mes y quince días desde la notificación, con el objetivo de minimizar el impacto sobre los usuarios finales.
En este sentido, la CNMC recuerda que Silbö mantiene la obligación legal de comunicar a sus clientes la finalización del servicio con al menos un mes de antelación. De este modo, los usuarios podrán ejercer su derecho a portabilidad o contratar con otro operador sin perder su número.
Además, el regulador descarta la migración automática de clientes a los proveedores mayoristas. En consecuencia, tras el apagado de red, serán los propios usuarios quienes deberán gestionar su transición a otros operadores.
El ambicioso proyecto que se diluye
Silbö Telecom nació en marzo de 2024 con una propuesta de crecimiento acelerado en el mercado español de telecomunicaciones. Con una inversión inicial de 20 millones de euros y un equipo fundador de 11 socios, muchos de los cuales procedentes de la original Finetwork, la compañía aspiraba a alcanzar 1,2 millones de líneas en cuatro años y desplegar una red de 250 tiendas físicas.
Su estrategia se centraba en el segmento denominado smart cost, con el objetivo de ofrecer precios competitivos sin renunciar a calidad de servicio. Asimismo, apostó por una fuerte visibilidad de marca mediante acuerdos de patrocinio, entre ellos con la Real Federación Española de Fútbol y la Real Federación Española de Rugby. Sin embargo, el modelo comenzó a mostrar signos de debilidad a partir de mediados de 2025. Fuentes del sector ya advirtieron entonces de retrasos en pagos a distribuidores y proveedores, lo que derivó en tensiones contractuales y en la progresiva pérdida de acuerdos mayoristas.
El modelo de Silbö dependía de acuerdos mayoristas para ofrecer servicios de conectividad. Inicialmente utilizó la red de Movistar a través de Aire Networks y posteriormente anunció un acuerdo con Vodafone para evolucionar hacia un OMV completo. En paralelo, contaba con alianzas para fibra con Suma y Adamo.
No obstante, esta estructura exigía una elevada capacidad financiera para sostener los pagos a proveedores. La CNMC confirma que el operador acumuló deudas “vencidas, líquidas y exigibles” derivadas de facturas impagadas durante meses. Además, los mecanismos de garantía previstos en los contratos resultaron insuficientes para cubrir dichas obligaciones.
La falta de respuesta de la compañía ante el regulador y el deterioro de su oferta comercial, con la retirada de tarifas y reducción de actividad, apuntan a una paralización operativa progresiva.
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