El Gobierno cumple así con su objetivo de entrar en el accionariado de la teleco española como respuesta a la inversión del saudíes STC Group con hasta un 9,9% de las acciones. De este modo, la SEPI se ha hecho con 567.016.696 acciones, lo que convierte a la empresa pública en el mayor accionista de Telefónica.
Esto supone que el Gobierno ha destinado 2.285 millones de euros, que no estaban contemplados en unos Presupuestos Generales del Estado prorrogados del año pasado, para financiar su entrada en Telefónica.
La operación, que se ha alargado durante unos cinco meses se ha llevado a cabo minimizando el impacto en la cotización y cumpliendo con las comunicaciones de participaciones significativas que establecen las normativas de los mercados en los que opera Telefónica, según defienden desde la empresa estatal.
A pesar de ello, cuando la SEPI anunció su intención de entrar en Telefónica, las acciones de la teleco española cotizaban a unos 3,60 euros. Hoy lo hacen 4,19 euros, lo que supone una subida de casi 60 céntimos.
La operación se cierra así “con vocación de permanencia” para aportar “una mayor estabilidad accionarial a la compañía para la consecución de sus objetivos y contribuye a la protección de sus capacidades estratégicas”.
Peso en el Consejo
Por el momento, el Gobierno ha forzado la entrada en el Consejo de Administración con el nombramiento de Carlos Ocaña como consejero dominical de la SEPI, sin embargo, el ministro José Luis Escrivá, responsable de la cartera para la Transformación Digital y la Función Pública, ha dejado la puerta abierta a que una vez alcanzaran el 10% del capital se solicite el nombramiento de un segundo consejero.
Actualmente, Telefónica cuenta con 15 consejeros, todos ellos con sus cargos en vigor, por lo que en caso de nombrarse un nuevo miembro tendría que suponer la salida de otro, afectando a la normas de buen gobierno que buscan maximizar la presencia de consejeros independientes.
Si (
No(
