Concretamente, el Gobierno ha aprobado que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) adquiera hasta un 10% del capital de la teleco que lidera José María Álvarez-Pallete en una operación con la que se busca contrarrestar el posible peso de los saudíes STC Group, que en septiembre adquirieron el 4,9% de las acciones y que tienen derechos para hacerse con otro 5% que está ahora en manos de Morgan Stanley, un fondo de inversiones estadounidenses.
Por el momento, la teleco saudí no ha ejecutado sus derechos para ese 5% restantes de acciones que le obligaría a solicitar la aprobación por parte del Gobierno de España, al tratarse de una compañía valorada como estratégica para los intereses de nuestro país, tanto por su papel clave en la conectividad de infraestructuras críticas como en su papel como uno de los principales proveedores y contratistas de Defensa.
Ante la posibilidad de que llevase a cabo este movimiento, a finales del mes de octubre la SEPI inició un “análisis exploratorio interno” relativo a una “eventual adquisición” de una participación accionarial en la teleco española, aunque no se confirmó qué paquete de acciones. Sin embargo, inicialmente la idea era rondar el 5% que se sumaría al 6% de CaixaBank (y Criteria), el 4,87% del BBVA, dos de sus accionistas históricos y que desde dentro de la casa ven como aliados para mantener la estabilidad accionarial.
Telefónica sigue con sus planes
En esta línea, Telefónica ha afirmado que seguirá centrado en la “ejecución del recientemente aprobado Plan Estratégico 2023-2026”, que se anunció durante el Capital Markets Day del mes de noviembre para “seguir creando valor para los accionistas y ofreciendo el mejor servicio a los clientes”.
La bolsa ha respondido con gran ahínco a esta operación con una subida del 6% en el valor de las acciones a la apertura de la bolsa, respaldando la decisión del Gobierno que permitiría a la teleco española seguir en su proceso de creación de valor para los accionistas con el objetivo de que, una vez se confirmen los buenos resultados económicos previstos para este 2023 (se presentarán en febrero) y el guidance para 2024, los accionistas apoyen a la teleco española haciendo crecer una castigada acción.
Calviño defiende el papel “estratégico” de Telefónica
Ante esta situación, la todavía vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía y Comercio, Nadia Calviño, ha defendido esta operación señalando que va en línea con lo que ocurre en otros países como Francia y Alemania, y pronto pasará en Italia, que “tienen o incluso están elevando su participación pública en los grandes operadores estratégicos de telecomunicaciones".
"Es una decisión que tiene por objeto dar estabilidad para que la empresa pueda lograr sus objetivos estratégicos"
Asimismo, Calviño ha defendido que Telefónica es "la empresa más estratégica" de España, por su presencia en las redes, su innovación tecnológica y también "por su peso en el ámbito de la seguridad y la defensa". "Es una decisión que tiene por objeto dar estabilidad para que la empresa pueda lograr sus objetivos estratégicos", defiende.
Por su parte, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, defiende que el Estado "esté presente en las empresas estratégicas del país" y que "nunca se debió abandonar ese camino".
Del mismo modo, Patxi López, portavoz socialista, ha apuntado que la decisión no responde a ningún tipo de “presión” y se trata de un movimiento para “anclar los intereses de la compañía en nuestro país”.
Sin embargo, el vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, carga contra el Ejecutivo al asegurar que es movimiento “populista e intervencionista” y ha criticado que no se le haya comunicado la decisión con antelación al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.
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