Telefónica ultima los detalles de un ambicioso plan de reducción de plantilla que podría presentarse oficialmente a partir de noviembre, tras la comunicación de su nuevo Plan Estratégico prevista para el día 4 de ese mes.
Aunque la compañía asegura que “no hay sobre la mesa el planteamiento de un ERE en este momento”, fuentes del sector apuntan a que la teleco está analizando diferentes escenarios que incluirían un nuevo expediente de regulación de empleo, preferentemente voluntario, que afectaría a un mínimo de 6.000 trabajadores.
El proyecto se enmarca en el proceso de simplificación y eficiencia que impulsa el presidente Marc Murtra, con el objetivo de ajustar costes, modernizar la estructura organizativa e integrar nuevas tecnologías en los procesos operativos, como la inteligencia artificial. En esta ocasión, el plan no se limitaría a las tres empresas incluidas en el Convenio de Empresas Vinculadas (CEV): Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones; sino que alcanzaría también a otras filiales y al propio centro corporativo del grupo.
Un plan con alcance ampliado
De aprobarse, este nuevo ajuste sería el más amplio de los últimos años. Telefónica estudia extender las medidas a filiales como Telefónica Soluciones Audiovisuales, Telefónica Global Solutions, Telefónica I+D, Telefónica Tech, Telxius, Telyco (responsable de las tiendas) o Movistar+, además del centro corporativo. Hasta ahora, este último apenas había experimentado salidas individuales, pero nunca se había incluido de forma estructural en un proceso colectivo.
En total, el grupo cuenta con una plantilla cercana a los 25.000 empleados en España. Las estimaciones iniciales contemplan entre 6.000 y 7.000 posibles bajas, aunque, como ocurrió en 2023, la cifra podría reducirse durante la negociación. En aquel proceso, el número inicial de afectados se rebajó en un 33%, de 5.124 a 3.421 empleados.
El plan mantendría el carácter “preferentemente voluntario” de las anteriores medidas
El plan mantendría el carácter “preferentemente voluntario” de las anteriores medidas, centradas en trabajadores de más de 55 años, y permitiría a la empresa recortar costes laborales sin recurrir a despidos forzosos. En el anterior ERE, firmado a comienzos de 2024, Telefónica logró un ahorro anual estimado de 285 millones de euros tras la salida de más de 3.400 empleados.
Calendario y justificación contable
La hoja de ruta del operador pasa por comunicar oficialmente el plan a los sindicatos entre mediados de noviembre y principios de diciembre, con el fin de cerrar un acuerdo antes de fin de año o, como máximo, en las primeras semanas de 2026. Los plazos legales contemplan quince días para constituir las mesas negociadoras y treinta días naturales para alcanzar un acuerdo.
Este calendario permitiría imputar la provisión económica del plan, que podría superar los 1.300 millones de euros del último ERE, al ejercicio fiscal de 2025. Desde un punto de vista contable, la decisión tiene sentido: el grupo ya prevé cerrar el año con pérdidas debido al impacto de las provisiones asociadas a la venta de sus filiales en Latinoamérica, que en el primer semestre ascendieron a 1.355 millones de euros. Concentrar en 2025 todos los costes extraordinarios permitiría iniciar 2026 con una base financiera más saneada y con menores cargas operativas.
De este modo, el próximo año se convertiría en un ejercicio de ajuste, mientras que los beneficios derivados de la reducción de plantilla y, por tanto, de los costes laborales se empezarían a notar a partir de 2026.
Eficiencia y transformación tecnológica
Telefónica avanza en la modernización de sus procesos operativos mediante el uso de inteligencia artificial, automatización y herramientas digitales
El plan de reducción de personal se inscribe en las prioridades estratégicas de la compañía marcadas por Murtra en la junta de accionistas del pasado abril, cuando subrayó la necesidad de “mantener una disciplina financiera de hierro” y convertir la eficiencia en una ventaja competitiva. En esa línea, Telefónica avanza en la modernización de sus procesos operativos mediante el uso de inteligencia artificial, automatización y herramientas digitales que permiten simplificar tareas tanto en la operación de red como en la atención al cliente.
La compañía busca así adecuar su estructura a un entorno tecnológico cada vez más automatizado, en el que la IA puede asumir tareas rutinarias y liberar recursos para actividades de mayor valor añadido. Este proceso, según fuentes internas, requerirá una reorganización profunda de las funciones y competencias dentro del grupo, lo que explica la amplitud del plan de ajuste planteado.
El plan deberá contar también con la aprobación del consejo de administración de la compañía, donde el Estado está representado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que posee un 10% del capital y es actualmente el principal accionista de Telefónica.
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