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La norma deja fuera la financiación de RTVE

El Gobierno incluye a las plataformas de streaming en la financiación de las obras audiovisuales europeas
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El Gobierno incluye a las plataformas de streaming en la financiación de las obras audiovisuales europeas

Por Alfonso de Castañeda
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viernes 06 de noviembre de 2020, 18:20h

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El Gobierno ha abierto hoy el periodo de audiencia pública del Anteproyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual que incorpora por primera vez a las plataformas de streaming en la financiación de las obras audiovisuales europeas.

El Anteproyecto de Ley busca trasponer la legislación europea que estaba pendiente desde hace dos años. Las plataformas OTT (como Netflix, HBO o Amazon Prime, entre otras) tendrán que contribuir con un 5% de sus ingresos en España a la financiación de obras audiovisuales europeas, tal y como ya hacen las televisiones tradicionales.

“Esta reforma de la ley refleja de una manera bastante equilibrada los distintos intereses que confluyen en el sector audiovisual que ha sufrido profundos cambios”, apuntan desde la Secretaría de Estado. “En la última década se ha modificado muy fuertemente no solo por la producción, sino por la forma en la que se distribuye y se consume”, señalan.

A través de la página web del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, se podrán realizar las aportaciones que se quieran a la ley hasta el día 3 de diciembre.

Nuevas normas para las OTT

El documento que ha presentado el Gobierno se someterá ahora al trámite de audiencia pública y prevé también una flexibilización del tiempo de publicidad que emiten los medios audiovisuales, equipara las obligaciones de las plataformas OTT con las televisiones de pago y la TDT para financiar las producciones europeas.

Según han explicado desde la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, la obligación afectará a todas las compañías que presten estos servicios en España, incluidas aquellas que están en otro país europeo, pero que dirigen sus servicios a España.

La normativa propuesta distingue entre las empresas con ingresos superiores a los 50 millones de euros y a las que facturan menos. En el primer caso, tendrán que destinar el 5% de sus ingresos a obras audiovisuales europeas o al Fondo de Protección de la Cinematografía.

De este total, al menos el 70% será para financiar obras audiovisuales de productores independientes y un mínimo del 40% a cine también de productoras independientes de cualquier género y en cualquiera de las lenguas oficiales.

En el caso de las firmas que ingresan menos de 50 millones, también tendrán que destinará ese mismo 5% al mismo fin, así como a la compra de derechos de obra terminada. Pero se exime de estas obligaciones a las empresas con una facturación por debajo de los 10 millones de euros.

La regulación amplía también las prohibiciones actuales de alcohol y tabaco a todos los prestadores de servicios audiovisuales.

Si la ley termina saliendo adelante (tendrá que presentarse y aprobarse en el Congreso), todos los operadores audiovisuales tendrán que estar inscritos en un registro estatal autonómico de carácter público

Sin novedades de la financiación de RTVE

Pese a los cambios que introduce este Anteproyecto de Ley, desde la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, se ha explicado que no se introduce ningún cambio en el modelo de financiación de RTVE, que actualmente obliga a las cadenas privadas y a las televisiones de pago a financiar el ente público con la llamada ‘tasa RTVE’ a través de un porcentaje de su negocio.

De este modo, con esta regulación no se modifica la norma tan criticada por las televisiones privadas y los operadores, que supone un agravio comparativo para estos agentes. Sin embargo, desde la Secretaría de Estado señalan que esta norma no podría modificar este asunto, ya que haría falta una normativa diferente que afecte al sistema de financiación de RTVE, que no está contemplado en esta Ley.

La propia administradora única provisional de Radio Televisión Española, Rosa María Mateo, aseguraba en una intervención que la nueva norma audiovisual debería contemplar que las aportaciones las hicieran todos los operadores, incluidas las plataformas que “en 2009 cuando se estableció la ley no existían”.

Esta norma ha sido duramente criticada por los operadores, llegando incluso a los tribunales. En 2014, la Comisión Europea pidió a las autoridades españolas que modificaran la tasa impuesta por considerarla ilegal.

Sin embargo esto no se ha producido y este mismo año, en verano, la demanda de Telefónica, Orange y Vodafone ha llegado al Tribunal Constitucional, que tendrá que pronunciarse al respecto en una batalla legislativa que sigue 11 años después.

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