A principios de semana, la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso avalaba el proyecto de Ley General de Telecomunicaciones del Gobierno, con el apoyo del Partido Popular y de Ciudadanos, así como de los dos partidos del Ejecutivo (PSOE y Unidas Podemos). Los diputados parlamentarios votaran en el día de hoy la Ley para su aprobación, que posteriormente viajará al Senado para completar su tramitación.
La norma se aprobará con el voto en contra de Vox y la abstención de Esquerra Republicana y el PNV. Se desconoce que harán EH-Bildu y los diputados del Grupo Mixto, ya que estos dos partes no han participado en la votación de la Comisión, aunque fuentes cercanas a ambas partes apuntan a Zonamovilidad.es que se abstendrán. La norma pasará ahora al Senado y se espera que entre en vigor antes del verano.
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ERC y PNV en desacuerdo
En esta ocasión, el Gobierno no logra el apoyo de sus socios de gobierno habituales, ERC y el PNV, que han optado por abstenerse después de cuestionar la recentralización de algunas gestiones, así como la insuficiencia de la ley en aspectos como la protección de los derechos del consumidor.
ERC lamenta no alcanzar un acuerdo por la obligatoriedad de los operadores de atender en la lengua solicitada por el usuario
Desde el partido republicando lamentan no haber llegado a un acuerdo con el Ejecutivo en materia de limpieza de cableado por edificios protegidos, un servicios de reparación exprés de averías o la obligatoriedad de los operadores de atender en la lengua solicitada por el usuario, la principal proclama de estos grupos independentistas que buscaban obligar a los operadores a tener personal que hable catalán, vasco o gallego para poder atender a los usuarios en estos idiomas.
Desde el PSOE se ha defendido la importancia de esta norma para fomentar la inversión de los operadores, mientras que desde el PP celebran que se haya incluido una medida para que una comisión pueda evitar la paralización proyectos ante problemas competenciales, que los servicios de mensajería sin numeración se incluyan en los registros de la CNMC y que se acorten los plazos para sus informes de mercado, atendiendo mejor al dinamismo del sector.
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Prohibidas las llamadas comerciales no deseadas
La norma sí que incluye una enmienda de Esquerra Republicana que es sustancialmente importante para las compañías de telefonía y para los contact center. En concreto, la Ley General de Telecomunicaciones reconocerá el derecho de una persona a no recibir llamadas comerciales no deseadas, limitándolas a aquellas personas que hayan dado su consentimiento previo, al igual que ya ocurre, por ejemplo, con las newsletters.
Reconoce el derecho de un usuario de telecomunicaciones "a no recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial, salvo que exista consentimiento previo del propio usuario para recibir este tipo de comunicaciones comerciales"
La enmienda se ha pactado con el PSOE y con Unidas Podemos en la reunión del martes de la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital de la Cámara Baja, y según avanzaba Europa Press y ha confirmado Zonamovilidad.es, reconoce el derecho de un usuario de telecomunicaciones "a no recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial, salvo que exista consentimiento previo del propio usuario para recibir este tipo de comunicaciones comerciales".
La propuesta inicial de la norma establecía la protección frente a estas llamadas a través del derecho a oponerse mediante la conocida Lista Robinson, en la cual una persona puede darse de alta para evitar publicidad de empresas a las que no se haya dado consentimiento.
Ahora, la norma irá un paso más allá y permitirá evitar estas llamadas sin necesidad de que una persona se dé de alta en una lista. La entrada en vigor de esta norma no será inmediata ya que el Congreso dará un plazo de un año a partir de la publicación de la nueva ley en el BOE, reconociendo hasta entonces a posibilidad de ejercer el derecho a oponerse a recibir llamadas comerciales no deseadas y a ser informado de este derecho.
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Sólo se podrán hacer escuchas con orden judicial
En pleno escándalo por el supuesto uso de Pegasus para espiar a políticos independentistas, el Gobierno y Esquerra Republicana han llegado a un acuerdo para aprobar una segunda enmienda que se incorporará a la Ley General de Telecomunicaciones. En este sentido, se remarcará en la norma que los operadores de telefonía sólo podrán intervenir comunicaciones cuando haya control judicial, tanto si lo pide la Policía o el CNI.
El proyecto de ley ya incluiría que los operadores “están obligados a realizar interceptaciones que se autoricen” de acuerdo con lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero ahora se ha acordado limitar más estas interceptaciones y sólo se podrá hacer cuando haya autorización vía judicial.
Foto: Depositphotos
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