El conflicto entre Vodafone España y Finetwork ha escalado hasta el plano judicial y administrativo, con una disputa abierta que implica reclamaciones económicas millonarias por ambas partes.
El enfrentamiento refleja la creciente complejidad en las relaciones entre operadores tradicionales y virtuales en el sector mayorista de telecomunicaciones, particularmente en un contexto marcado por el aumento de la competencia y la reconfiguración de alianzas estratégicas.
Reclamaciones cruzadas
Vodafone España ha iniciado acciones legales y ha activado mecanismos administrativos contra Finetwork, operador que utiliza su red bajo un acuerdo mayorista. La firma de Zegona exige el pago de varias decenas de millones de euros en concepto de servicios prestados durante los últimos trimestres. Según fuentes conocedoras del proceso, los impagos se habrían acumulado desde hace meses, y los intentos de conciliación habrían resultado infructuosos.
En paralelo, Finetwork ha respondido con una reclamación propia, elevando el conflicto ante los organismos competentes. La compañía alicantina, participada mayoritariamente por el empresario Pascual Pérez, acusa a Vodafone de "incumplimientos esenciales" dentro del acuerdo firmado en 2024, según señalan fuentes internas a Zonamovilidad.es. Aunque no se han especificado los compromisos que supuestamente habrían sido vulnerados, estas fuentes internas indican que dichas omisiones estarían afectando de forma significativa la actividad operativa y competitiva del operador virtual.
Finetwork exige una compensación mínima de 150 millones de euros en concepto de penalizaciones e indemnizaciones
En este contexto, Finetwork exige una compensación mínima de 150 millones de euros en concepto de penalizaciones e indemnizaciones. Esta cifra, según las mismas fuentes, equivaldría aproximadamente a un año completo de actividad de la empresa y ya ha sido comunicada formalmente a Vodafone.
La situación ha llegado también a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ante la que Vodafone habría presentado la documentación pertinente para informar sobre lo que considera una situación insostenible. Entre las medidas adoptadas, figura el embargo de cuentas como vía para recuperar los importes pendientes.
Antes de recurrir a la vía judicial, Vodafone habría ofrecido a Finetwork distintas alternativas para reconducir la relación comercial, incluyendo reestructuraciones de deuda, condonaciones parciales y nuevos calendarios de pago. El objetivo de estas medidas era garantizar la continuidad del servicio y evitar una ruptura que afectara a los clientes finales. Sin embargo, el deterioro de la relación, agravado tras la compra de Vodafone España por Zegona, ha terminado por desatar un litigio que no tendrá resolución a corto plazo.
A pesar del conflicto legal, Finetwork mantiene sus operaciones con total normalidad mientras se dirimen los procedimientos. Mientras tanto, ambas compañías mantienen sus posiciones enfrentadas: Vodafone exige el cobro de los servicios prestados y Finetwork defiende que los graves incumplimientos contractuales están obstaculizando su capacidad de competir.
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