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Bruselas da el primer paso para conseguir un mercado único de telecomunicaciones
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(Foto: Depositphotos)

Bruselas da el primer paso para conseguir un mercado único de telecomunicaciones

Por Alfonso de Castañeda
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alfondcctelycom4com/8/8/17
lunes 22 de diciembre de 2025, 10:30h

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La Comisión Europea ha dado un primer paso para avanzar hacia un mercado único real de las telecomunicaciones al permitir que los operadores eliminen, de forma voluntaria, los recargos por llamadas y mensajes entre países de la Unión Europea, incluso cuando el usuario no se encuentra de viaje.

La medida, recogida en un nuevo reglamento de aplicación, abre la puerta a que llamar o enviar un SMS desde el país de residencia a otro Estado miembro pueda costar lo mismo que una comunicación nacional.

El nuevo marco normativo, aprobado por la Comisión Europea, no impone todavía la supresión obligatoria de estos recargos, pero habilita a las operadoras a equiparar de manera voluntaria los precios minoristas de las comunicaciones intraeuropeas a los de las tarifas domésticas.

En la práctica, si un operador decide acogerse a esta opción, sus clientes podrán llamar o enviar mensajes a otros países de la UE desde su país de origen sin pagar un sobrecoste específico por tratarse de una comunicación internacional.

Un paso más allá del roaming

Desde 2017, los ciudadanos europeos disfrutan del principio de “roam like at home”, que permite utilizar el móvil en otro Estado miembro con las mismas condiciones que en el país de origen. Sin embargo, ese régimen solo se aplica cuando el usuario viaja. Hasta ahora, las llamadas y los SMS internacionales dentro de la UE realizados desde casa han seguido sujetos a recargos, aunque con precios máximos regulados.

La normativa comunitaria fija un tope de 0,19 euros por minuto para las llamadas intra-UE y de 0,06 euros por SMS

En la actualidad, la normativa comunitaria fija un tope de 0,19 euros por minuto para las llamadas intra-UE y de 0,06 euros por SMS. El nuevo reglamento no elimina estos límites, que se mantienen como salvaguarda, pero introduce un incentivo claro para que los operadores adopten tarifas convergentes entre comunicaciones nacionales e intraeuropeas.

La Comisión ha subrayado que el objetivo es fomentar un cambio progresivo en el mercado. Al permitir que las compañías que igualen precios queden exentas de aplicar los límites máximos regulados, Bruselas busca crear un entorno favorable para que las tarifas nacionales se extiendan de facto al conjunto de la Unión.

Política de uso razonable y control del fraude

El reglamento establece que los operadores que opten por no diferenciar precios deberán aplicar una política de uso razonable. Esta política permite definir qué se considera un uso “típico” de llamadas y SMS intraeuropeos, con el fin de evitar abusos o usos masivos que desvirtúen el modelo tarifario.

Las compañías estarán obligadas a avisar al usuario cuando alcance el 80% de ese límite

Según el texto aprobado, ese uso típico deberá basarse en patrones reales de consumo y aplicarse, como mínimo, durante un periodo de facturación. Solo cuando un cliente supere claramente esos umbrales, el operador podrá aplicar recargos adicionales, limitados a las comunicaciones que excedan el uso considerado normal. Además, las compañías estarán obligadas a avisar al usuario cuando alcance el 80% de ese límite, reforzando así la transparencia y la protección del consumidor.

Junto a ello, la normativa contempla medidas antifraude para evitar prácticas como el arbitraje de precios o el uso indebido de tarjetas SIM con fines comerciales. No obstante, estas medidas deberán ser proporcionadas y comunicadas a las autoridades nacionales competentes.

Hacia una posible obligación en 2029

Con esta decisión, Bruselas prevé realizar una evaluación de impacto antes de mediados de 2027 para analizar las consecuencias económicas y competitivas de una eventual supresión total de los recargos. A partir de ese análisis, el Ejecutivo comunitario decidirá si propone hacer obligatoria la eliminación de estos costes adicionales a partir del 1 de enero de 2029.

La iniciativa responde a una reivindicación histórica del Parlamento Europeo, que ha defendido la necesidad de avanzar hacia lo que algunos eurodiputados han denominado un “espacio Schengen de las comunicaciones”. La idea es que los ciudadanos puedan comunicarse entre Estados miembros con la misma facilidad y coste que dentro de sus fronteras nacionales, sin barreras tarifarias artificiales.

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