La medida, presentada como una acción contra lo que Washington denomina el “complejo industrial de la censura global”, supone una escalada directa contra el marco normativo europeo en materia digital.
Entre los sancionados figura Thierry Breton, excomisario europeo y uno de los principales impulsores de la Ley de Servicios Digitales (DSA), junto a responsables de organizaciones dedicadas a combatir la desinformación y el discurso de odio en internet.
En este sentido, el secretario de Estado, Marco Rubio, asegura que estas personas “han liderado esfuerzos organizados para coaccionar a plataformas estadounidenses con el fin de censurar, desmonetizar y suprimir puntos de vista americanos”.
Un choque frontal con la regulación europea
La decisión se produce en un contexto de creciente fricción entre Estados Unidos y la Unión Europea por la aplicación de la DSA, una normativa que obliga a las grandes plataformas digitales a adoptar medidas activas contra contenidos ilegales, campañas de desinformación y prácticas opacas en publicidad y algoritmos. Desde Washington, altos cargos han acusado a Bruselas de utilizar la regulación como una herramienta para restringir la libertad de expresión, especialmente de voces conservadoras.
El Departamento de Estado sostiene que las sanciones se apoyan en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite denegar la entrada a personas cuyas actividades puedan tener “consecuencias adversas graves para la política exterior de Estados Unidos”. Además, Rubio advierte que la lista podría ampliarse si otros actores extranjeros “no dan marcha atrás”, una declaración que ha sido interpretada como un mensaje disuasorio hacia reguladores y expertos europeos.
Quiénes son los sancionados
Junto a Breton, la medida afecta a Imran Ahmed, director ejecutivo del Center for Countering Digital Hate (CCDH), una organización que documenta la difusión de odio y desinformación en redes sociales. También están incluidos Clare Melford, responsable del Global Disinformation Index, y Anna-Lena von Hodenberg y Josephine Ballon, líderes de la organización alemana HateAid.
En el caso de Ahmed, la sanción podría implicar incluso su expulsión del país, ya que reside actualmente en Estados Unidos con su familia. El CCDH ya fue objeto de una demanda por parte de Elon Musk tras la compra de Twitter, una acción judicial que un tribunal desestimó en 2024 al considerar que buscaba castigar a la organización por sus investigaciones críticas.
¿Y qué dice Europa?
Las reacciones en Europa no se han hecho esperar. El Global Disinformation Index ha calificado la medida como “un ataque autoritario a la libertad de expresión y un acto flagrante de censura gubernamental”.
Por su parte, Breton ha ironizado en la red social X al preguntar si “ha vuelto la caza de brujas de McCarthy”, en alusión a la persecución ideológica de la Guerra Fría. Desde HateAid, sus responsables denuncian “un acto de represión” y advierten que la decisión “cuestiona claramente la soberanía europea”.
El enfrentamiento también se enmarca en un giro más amplio de la política estadounidense desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. La Administración ha reducido de forma significativa los programas federales dedicados a monitorizar la desinformación y ha recortado la financiación de investigaciones académicas sobre el impacto de estos fenómenos.
Asimismo, varias plataformas tecnológicas han relajado sus políticas de moderación, en línea con un discurso que prioriza una interpretación maximalista de la libertad de expresión.
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