La Unión Europea ha reaccionado con una inusual contundencia a las restricciones de viaje anunciadas por Estados Unidos contra cinco ciudadanos europeos, entre ellos el excomisario Thierry Breton. Más allá del caso concreto, las instituciones comunitarias interpretan la decisión como un cuestionamiento directo de la soberanía regulatoria europea en el ámbito digital y como un intento de deslegitimar el marco normativo que rige a las grandes plataformas tecnológicas en el mercado comunitario.
Desde Bruselas se ha articulado una reacción coral que busca enviar un mensaje claro a Washington: la UE no está dispuesta a renunciar a su capacidad para fijar reglas en su propio espacio digital, incluso si estas afectan a compañías estadounidenses.
Una defensa explícita de la soberanía regulatoria
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha sido una de las primeras en pronunciarse. En un mensaje publicado en la red social X, ha subrayado que “la libertad de expresión es la base de nuestra fuerte y vibrante democracia europea” y ha asegurado que el bloque comunitario la protegerá. Además, el Ejecutivo europeo ha solicitado aclaraciones formales a las autoridades estadounidenses y ha advertido de que actuará “con rapidez y decisión” si considera que se trata de una medida injustificada.
En este sentido, la Comisión insiste en que la regulación digital europea responde a decisiones adoptadas de forma democrática por el Parlamento Europeo y los Estados miembros. El mensaje busca desmontar la acusación de censura lanzada desde Washington y enmarcar el conflicto en un terreno institucional y jurídico, no ideológico.
La reacción estadounidense rompe con los principios de cooperación que han definido históricamente la relación transatlántica
Desde el Consejo Europeo, su presidente, António Costa, ha calificado las sanciones de “inaceptables entre aliados, socios y amigos”. A su juicio, la reacción estadounidense rompe con los principios de cooperación que han definido históricamente la relación transatlántica, especialmente en un contexto geopolítico marcado por desafíos comunes.
La alta representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, ha ido más allá y ha descrito las restricciones como un “intento de desafiar” la soberanía de la Unión. En la misma línea, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha reclamado que la prohibición de viaje sea rescindida “rápidamente”, una petición poco habitual en este tipo de disputas diplomáticas.
Este cierre de filas resulta significativo. Las instituciones europeas no siempre reaccionan de forma tan coordinada ante decisiones de terceros países, pero en esta ocasión el consenso refleja la importancia estratégica que la UE concede a su agenda digital.
Regulación digital, en el centro del conflicto
En el trasfondo de la reacción europea se encuentra la defensa de normas como la Ley de Servicios Digitales (DSA) y la Ley de Mercados Digitales (DMA), que imponen obligaciones específicas a las grandes plataformas para combatir la desinformación, reforzar la transparencia y garantizar una competencia más equilibrada.
Desde Bruselas se insiste en que estas leyes constituyen herramientas para proteger a los ciudadanos frente a riesgos en línea. En este sentido, la vicepresidenta de la Comisión responsable de Soberanía Tecnológica, Henna Virkunnen, ha recalcado que la legislación digital europea es esencial para hacer frente a contenidos terroristas, al abuso sexual infantil y a prácticas opacas en el ecosistema digital. Asimismo, ha defendido que las reglas se aplican de forma equitativa, con independencia del origen de las empresas afectadas.
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