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Por Alfonso de Castañeda
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jueves 08 de junio de 2023, 12:09h

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha fallado hoy a favor de los VTC en la lucha contra el taxi, señalando que limitar el número de licencias a los vehículos con conductor en función de las que se otorguen a los taxistas es contraria al derecho europeo.

En concreto, otorgar una licencia de VTC por cada 30 de taxi es, según el tribunal europeo, contrario al derecho a la libertad de establecimiento. El alto tribunal de Luxemburgo apunta en su texto que “la limitación de las licencias de servicios de VTC a una por cada treinta licencias de servicios de taxi no parece idónea para garantizar la consecución de los objetivos de buena gestión del transporte, del tráfico y del espacio público, así como de protección del medio ambiente”.

“El objetivo de garantizar la viabilidad económica de los servicios de taxi es un motivo de carácter puramente económico”

La justicia europea deja además un duro mensaje en el que asegura que “el objetivo de garantizar la viabilidad económica de los servicios de taxi es un motivo de carácter puramente económico”.

Golpe a la normativa de Barcelona

Junto a la decisión sobre el ratio 1/30 de licencias, el tribunal se ha referido a las restricciones impuestas al VTC en el área metropolitana de Barcelona, asegurando que éstas también son opuestas al derecho europeo, aunque sí admite que esa segunda licencia “puede ser necesaria”.

“La exigencia de una autorización específica adicional y la limitación del número de licencias constituyen, ambas, restricciones al ejercicio de la libertad de establecimiento, pues la primera limita efectivamente el acceso al mercado a todo recién llegado y la segunda limita el número de prestadores de servicios de VTC establecidos en el AMB”, apunta el TJUE.

Sobre esta segunda licencia urbana en Barcelona, el tribunal apunta que "puede considerarse necesaria para alcanzar los objetivos de buena gestión del transporte, del tráfico y del espacio público, así como de protección del medio ambiente", aunque advierte que ésta debe “basarse en criterios objetivos, no discriminatorios y conocidos de antemano, que excluyan cualquier arbitrariedad y que no se solapen con los controles ya efectuados en el marco del procedimiento de autorización nacional, sino que respondan a necesidades particulares del AMB".

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Alegría entre los VTC

La sentencia ha sentado como un espaldarazo entre el sector VTC español. Ignacio Manzano, portavoz de Feneval VTC, una de las grandes patronales del sector, ha destacado que “el sector celebra esta sentencia, que no hace sino demostrar que la regulación de algunas regiones españolas es contraria al Derecho Español y Europeo, y nos coloca a la cola de muchos países de la región en materia de movilidad y sostenibilidad”.

"El regulador español deberá adaptar la normativa para que el número de licencias sea determinado en función de las necesidades de movilidad de los ciudadanos"

Por su parte, el portavoz de UNAUTO-VTC, José Manuel Berzal, otra de las patronales, apunta que “tras esta sentencia, el regulador español deberá adaptar la normativa para que el número de licencias sea determinado en función de las necesidades de movilidad de los ciudadanos y el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad y no en base a los intereses de la minoría más radical del taxi”.

En concreto, se calcula que hay cerca de 20.000 licencias VTC recurridas ante el Tribunal Supremo que estaba a la espera de esta sentencia para tomar una decisión al respecto.

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Victoria parcial para el taxi

Por su parte, los taxistas celebran como una victoria parcial el hecho de que se establezca la posibilidad de incluir un filtro adicional en forma de segunda licencia urbana, tal y como ha establecido la Ciudad Condal.

Una de las pocas buenas noticias para los taxis en esta sentencia se refiere a las ayudas públicas ilegales, algo que el TJUE rechaza. “Las dos medidas establecidas por la normativa nacional no parecen conferir ayudas de Estado a las empresas que prestan servicios de taxi” ya que no parece que haya “fondos estatales” implicados.

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