Según explican fuentes cercanas a la operación, el acuerdo supone una “adaptación” de lo poco que aún queda del denominado “servicio público” de telefonía fija que está en manos de Vivo, marca bajo la que Telefónica opera en Brasil, y que durante más de dos décadas era una ‘concesión’.
El pacto alcanzado con el regulador Anatel y el Tribunal de cuentas de la Unión (TCU) de Brasil supone sellar la paz de un arbitraje abierto con el regulador desde hace más de dos años y que ahora pone final a todos los frentes administrativos y judiciales abiertos sobre la concesión del servicio de telefonía fija de Vivo.
Vivo renuncia a 1.795 millones
Además, el acuerdo supone que Vivo renuncie a su reclamación de hasta 10.000 millones de reales (unos 1.795 millones de euros) que, según señalaba el operador, afectaba a sus cuentas de resultados por los “desequilibrios” financieros atribuidos por el operador durante las más de dos décadas de conexión.
A pesar de ello, con el nuevo escenario de régimen más flexible de la autorización, Vivo tendrá que invertir unos 807 millones de euros en “compromisos de interés público”, lo que supone la mitad de los 1.560 millones que inicialmente exigía la autoridad reguladora del sector.
La teleco española se compromete a mantener el servicio de telefonía fija en ciertas localidades hasta el año 2028
Además, la teleco española se compromete a mantener el servicio de telefonía fija en ciertas localidades hasta el año 2028, según ha explicado David Melcon Sánchez-Friera, CFO y director de Relaciones con Inversores de Telefónica Brasil, en un Hecho Relevante publicado en la Bolsa de Brasil.
El punto álgido de esta concesión se alcanzó en 2014 al llegar a los 44 millones de usuarios del servicio, pero desde entonces la operación del servicio fijo ha caído a prácticamente la mitad, y es que ahora, apenas 26 millones de brasileños utilizan servicios fijos, de los que un 47% están en régimen de concesión.
Mientras tanto, el 53% restante de los clientes a nivel nacional de Vivo y Oi están bajo el régimen más flexible de la autorización: 46 millones en banda ancha fija y 13 millones en TV de pago.
Oi, fuera del acuerdo
Este acuerdo, sin embargo, afectará únicamente a Vivo, ya que el operador público Oi seguirá luchando por la vía legal mientras avanza en su largo proceso de reestructuración para afrontar la deuda de 7.900 millones de euros que posee (44.000 millones de reales). Esto se produce, sin embargo, en un momento en el que los clientes fijos de Oi han pasado a estar bajo el control del operador de red neutral V.Tel (filial de Oi junto con los fondos BTG Pactual y Globenet), que gestiona la operación de Oi Fibra.
Vivo, por su parte, ha tratado en todo momento de llegar a un acuerdo con las autoridades brasileñas, para solucionar los enfrentamientos judiciales de un negocio que actualmente supone apenas el 10% del negocio en Brasil de Telefónica.
Si (
No(
