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Por Alfonso de Castañeda
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alfondcctelycom4com/8/8/17
martes 18 de julio de 2023, 10:00h

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El próximo domingo 23 de julio los españoles estamos llamados a las urnas para unos comicios generales en los que se decidirá el nuevo Congreso de los Diputados y el nuevo Senado, con la consiguiente creación de un nuevo gobierno, o la continuidad del actual.

Tras el debate del ‘Cara a Cara’ en el que no se mencionó en ningún momento el concepto de la digitalización ni las políticas tecnológicas para nuestro país y un segundo debate a 7 en RTVE en el que tampoco hubo mención a estas cuestiones, es importante preguntarse ¿les importa la tecnología y la digitalización a nuestros futuros gobernantes?

Para responder a esta cuestión analizamos a fondo los programas electorales de los cuatro principales partidos políticos actualmente: PSOE, Partido Popular, Vox y Sumar

Las propuestas del PSOE

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) opta en su programa electoral por una propuesta continuista de las iniciativas y regulaciones que han impulsado durante la última legislatura, apoyándose en los fondos europeos para cumplir con la Agenda Digital 2026 que se marcó Pedro Sánchez. Con sus 207 páginas, el PSOE cuenta con el programa electoral más extenso y con la mayor cantidad de propuestas en materia de digitalización.

“La sociedad, la ciudadanía y las empresas están en un proceso de transformación global y digital que es clave para el país y para la competitividad de su economía. Esta es una realidad que debemos seguir apoyando y reforzando, desde una perspectiva humanista”, señalan en su programa electoral para el 23J.

Concretamente, el PSOE cuenta con una gran cantidad de propuestas al respecto centrándose en impulsar el desarrollo tecnológico y la digitalización de la administración pública. Se busca promover la transformación verde y digital, situando a España como un importante centro de conectividad.

Una de las iniciativas clave es el desarrollo de la 5G y el liderazgo español en la investigación del 6G, con el objetivo de mantener a España a la vanguardia tecnológica. Además, se enfocará en brindar formación en competencias digitales a la ciudadanía y apoyar el programa Kit Digital, para fomentar la inclusión digital.

El partido también tiene previsto desplegar el programa Scaleup Spain, respaldado por el fondo de escalado de empresas tecnológicas Next Tech. Esto permitirá impulsar el crecimiento y desarrollo de startups y empresas tecnológicas en el país.

En materia de ciberseguridad, se fortalecerán las capacidades en este ámbito y se establecerá el programa de industria de defensa. Asimismo, se buscará promover en la Asamblea de Naciones Unidas la creación de una Agencia Internacional de Seguridad y Derechos Digitales con sede en España, además de desarrollar la Ley de Ciberseguridad.

El PSOE aspira a liderar las transformaciones digitales y verdes a nivel europeo, promoviendo una digitalización responsable y respetuosa con los derechos humanos. Para ello, se integrarán los postulados de la Carta de Derechos Digitales en el ordenamiento jurídico nacional y se creará el Consejo Digital Joven.

En el ámbito legal, se aprobarán normas para establecer los requisitos del derecho al testamento digital y se implementará un Plan de Acción para la implantación de conexiones mediante videoconferencia con los tribunales. También se buscará mejorar el procedimiento de adquisición de la nacionalidad española mediante el uso de nuevas tecnologías y se establecerán nodos de interoperabilidad para facilitar el diálogo tecnológico entre los diferentes sistemas de gestión procesal autonómicos.

La propuesta del PSOE en materia de telecomunicaciones es continuista, por lo que seguirán desarrollando la Ley General de Telecomunicaciones y el impulso de investigación de las redes 6G.

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Las propuestas del PP

Por su parte, el Partido Popular (PP) presenta un programa electoral de 112 páginas y con numerosos propuestas en materia de digitalización y es que defienden que es uno de los pilares de su agenda política.

“El desafío que tenemos por delante como sociedad es enorme y requiere de un plan de igual magnitud para abordarlo. El nuestro tiene por protagonistas la igualdad, la sostenibilidad, la digitalización y reto demográfico. Sobre esos cuatro ejes queremos construir la España del futuro”, recogen en el programa electoral.

En este sentido, el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo presenta una serie de propuestas para las elecciones del 23J en España, centradas en impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y la digitalización de las administraciones públicas.

En el ámbito de la IA, se propone impulsar la aprobación del reglamento de IA europeo y establecer una agencia de supervisión dentro de una estrategia nacional de IA. Además, se plantea la implementación de un "sandbox" legislativo para probar los requisitos del reglamento europeo y la creación de un foro de alto nivel europeo sobre IA. El objetivo es promover el uso de la IA y el Big Data, especialmente en el ámbito de la historia clínica única y compartida, para mejorar la atención sanitaria, cuestiones que ya está avanzando el Gobierno actual.

En cuanto a la digitalización de las administraciones públicas, se propone un plan de robotización de la Administración para agilizar los trámites burocráticos. También se busca promover los derechos ciudadanos en relación con la IA, regular la transparencia en su uso y garantizar el acceso al código fuente. Además, se plantea aprovechar las oportunidades de la digitalización mediante un Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas.

El partido también tiene como objetivo generar tecnologías y capacidades industriales competitivas en sectores estratégicos como el aeroespacial, la defensa y el agroalimentario. Se busca impulsar el despliegue de la 5G y la implantación de puntos de recarga para favorecer la descarbonización del tráfico rodado. Asimismo, se propone fomentar la colaboración público-privada en el sector turístico y promover la digitalización en áreas como la salud, la educación y la administración pública.

En materia de seguridad, se plantea poner en marcha un plan estatal de prevención de la salud digital infantojuvenil y mejorar la tecnología utilizada para el control de penas y medidas de seguridad. Además, se busca aprobar una ley en materia de secretos oficiales e información clasificada adaptada a las nuevas tecnologías y establecer un plan de seguridad contra la cibercriminalidad.

En cuanto a la atención ciudadana, se propone generalizar el sistema de ventanilla única y recuperar la atención presencial en la Administración General del Estado, garantizando el derecho a concertar citas de manera presencial en un plazo máximo de 15 días naturales. También se plantea impulsar la reforma del lenguaje administrativo para hacerlo más comprensible y crear un teléfono de ayuda digital en el ámbito de la administración electrónica.

Desde el PP, las propuestas en materia de telecomunicaciones se limitan a mejorar las infraestructuras en zonas rurales.

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Las propuestas de Vox

Asimismo, el partido Vox, con sus 178 páginas de programa electoral es, sin duda, el que menos hincapié hace en la digitalización y en las propuestas relacionadas con la tecnología.

“La digitalización se ha generalizado tras la pandemia. Apostaremos por programas específicos de prevención y atención sobre el uso, abuso y adicción a nuevas tecnologías, a los videojuegos y a redes sociales en niños y jóvenes”, apuntan desde Vox.

Las propuestas de Vox para las elecciones del 23J se enfocan en abordar el abuso y la adicción a las nuevas tecnologías, videojuegos y redes sociales en niños y jóvenes. Se plantea implementar programas específicos de prevención y atención en este ámbito, así como garantizar alternativas presenciales para trámites ordinarios, reconociendo la importancia del contacto humano en determinados procesos.

En relación con la protección de datos y la soberanía nacional, Vox propone establecer una pasarela de datos de obligado peaje para las grandes tecnológicas extranjeras que deseen extraer datos obtenidos en territorio nacional hacia sedes extranjeras. El objetivo es salvaguardar la soberanía de los datos de los españoles y promover la mejora de las directivas europeas en materia de protección de datos, con el fin de que los datos obtenidos en un Estado Miembro sean almacenados en servidores ubicados en dichas naciones.

El partido también busca frenar los oligopolios tecnológicos y aprobar legislación que impida que las grandes plataformas digitales actúen como tribunales de excepción, vulnerando el ejercicio de la libertad de información y expresión. Se aboga por garantizar que las empresas tecnológicas que realizan negocios en España paguen los impuestos correspondientes.

Además, el partido que encabeza Santiago Abascal propone impulsar la participación ciudadana mediante un referéndum para consultar si los españoles desean que sus datos sean almacenados y tratados sin control fuera del país. Esto refleja la preocupación por la protección de los datos personales y el control sobre su manejo.

En materia de telecomunicaciones, la única propuesta que lanza Vox es la defensa de las inversiones exteriores de las compañías españolas en los países hispanoamericanos.

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Las propuestas de Sumar

Por otro lado, el partido Sumar que aglutina varios partidos bajo el liderazgo de Yolanda Díaz presenta un programa electoral con 182 páginas y un gran número de propuestas digitales.

“La educación, la cultura, la formación universitaria, el conocimiento, la ciencia y la innovación, la digitalización y el deporte son ejes centrales de una necesaria transición social, ecológica y digital hacia un mundo sostenible, justo, cohesionado e inclusivo”, defienden desde Sumar.

Este partido centra sus propuestas para las elecciones del 23J en fomentar la participación de las mujeres en el ámbito tecnológico, promover la transformación digital y ecológica, y garantizar el uso ético y responsable de la inteligencia artificial.

En cuanto a la participación de las mujeres en el ámbito tecnológico, busca impulsar su presencia, especialmente en los estudios STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). El objetivo es promover la igualdad de género y eliminar barreras para que las mujeres puedan acceder y prosperar en carreras tecnológicas.

En relación con la transformación digital y ecológica, Sumar propone desarrollar una diplomacia digital europea y garantizar derechos laborales durante la transición digital y ecológica. Se busca promover el uso de software libre y la protección de datos, así como el acceso universal y la neutralidad de la red. Además, se aboga por el uso social y cooperativo del software libre de código abierto y la gestión de datos abiertos, fomentando un ecosistema de plataformas público-comunitarias. Se busca apostar por la inclusión digital y reducir los desechos digitales, promoviendo prácticas sostenibles en el ámbito tecnológico.

En cuanto a la inteligencia artificial, Sumar propone garantizar su uso ético y responsable en el ámbito laboral, en defensa del trabajo decente. Se busca evitar la prolongación injustificada de la jornada laboral a través de las tecnologías digitales, eliminar sesgos discriminatorios y proteger la privacidad de los trabajadores. Para lograrlo, se propone reforzar la participación sindical en el diseño, regulación y evaluación de los algoritmos laborales, eliminando cualquier forma de discriminación contraria a la dignidad de las personas. Además, se plantea implementar auditorías algorítmicas para asegurar la transparencia y la protección de datos.

Sumar también propone utilizar la inteligencia artificial para mejorar los servicios públicos, basándose en evidencia científica y promoviendo la toma de decisiones democrática en el desarrollo tecnológico. Se busca regular y controlar el uso de datos masivos, establecer un control democrático sobre los algoritmos y promover la introducción responsable de la inteligencia artificial en beneficio de la sociedad.

En materia de telecomunicaciones, Sumar propone favorecer el uso compartido de infraestructuras entre operadores, estableciendo sistemas de contraprestación y exigiendo inversiones reales a los operadores que quieran actuar en el mercado de las telecomunicaciones.

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