Esta decisión anula el veredicto emitido en 2020 por el Tribunal General de la UE, que en su momento eximió a Apple del pago, argumentando que la Comisión no había demostrado de forma concluyente la existencia de una ventaja económica selectiva que pudiera considerarse una ayuda estatal.
En 2014, por ejemplo, Apple abonaba solo el 0,005% en concepto de impuesto de sociedades
El caso se originó en 2016, cuando la Comisión Europea concluyó que los acuerdos fiscales entre Irlanda y Apple, vigentes desde 1991, permitieron a la empresa pagar tasas impositivas extremadamente bajas. En 2014, por ejemplo, Apple abonaba solo el 0,005% en concepto de impuesto de sociedades, lo que, según Bruselas, violaba las normas de competencia de la UE, ya que suponía una ayuda estatal encubierta. La Comisión exigió entonces la recuperación de 13.000 millones de euros en impuestos no recaudados, lo que provocó que Apple y el gobierno irlandés llevaran el caso ante la justicia europea.
En su sentencia más reciente, el TJUE asegura que las ventajas fiscales ofrecidas por Irlanda a Apple "redujeron artificialmente" los impuestos que la empresa debía pagar. El tribunal considera así que el esquema fiscal que permitía a Apple registrar casi todas sus ventas europeas en Irlanda, en lugar de en los países donde se realizaban, constituía una ayuda estatal ilegal, que debía ser recuperada por el gobierno irlandés. Este fallo supone un duro golpe para la multinacional estadounidense y refuerza la postura de la Comisión Europea en su lucha contra el dumping fiscal en el bloque comunitario.
“Pura basura política”
La comisaria de Competencia de la UE, Margrethe Vestager, ha liderado esta batalla desde 2016 y se ha mostrado firme en su intento de frenar las ventajas fiscales que algunos países ofrecen a grandes corporaciones. En su momento, Vestager calificó los acuerdos entre Apple e Irlanda como un ejemplo de "ingeniería fiscal agresiva" diseñada para evitar el pago justo de impuestos en Europa. La decisión del TJUE representa una importante victoria política para la comisaria, quien dejará su cargo en las próximas semanas.
Apple argumentó que se trataba de un intento de la Comisión Europea de reescribir las leyes fiscales irlandesas a posteriori
Por su parte, Apple ha defendido que cumplió con todas las normativas fiscales irlandesas y ha criticado enérgicamente la decisión de la Comisión. En una declaración de 2016, el CEO de Apple, Tim Cook, calificó la sanción de Bruselas como “pura basura política”. La compañía argumentó que se trataba de un intento de la Comisión Europea de reescribir las leyes fiscales irlandesas a posteriori. Sin embargo, con este último fallo, el tribunal ha dejado claro que la práctica de registrar todas las ventas en un único país para reducir la carga impositiva en el resto de Europa vulneraba las reglas de la competencia justa.
Irlanda, pese a ser la beneficiaria de los 13.000 millones de euros que Apple deberá abonar, también se ha opuesto al fallo. Dublín ha sostenido que Apple pagó todos los impuestos que le correspondían bajo su legislación y ha argumentado que la Comisión Europea estaba interfiriendo en la soberanía fiscal del país. En 2018, Apple depositó 14.300 millones de euros (que incluyen 1.200 millones en intereses) en una cuenta bloqueada, a la espera de la resolución final del caso. Con la decisión del TJUE, el dinero ahora pasará a manos del Estado irlandés.
El fallo, que ya no puede ser recurrido, envía un mensaje claro a las multinacionales que utilizan acuerdos fiscales ventajosos para minimizar sus obligaciones tributarias: la Unión Europea no tolerará prácticas que distorsionen la competencia y perjudiquen a las finanzas públicas de sus Estados miembros.
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