La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha ampliado el expediente sancionador iniciado en julio de 2024 contra Apple por nuevas evidencias que podrían constituir una infracción tanto de la legislación española como de la normativa europea en materia de competencia.
Según el organismo regulador, las prácticas de la compañía estadounidense podrían vulnerar el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) y el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
El nuevo foco de la investigación se centra en un posible cronograma de precios que Apple habría impuesto obligatoriamente a los desarrolladores para la distribución de sus aplicaciones en la Apple App Store. Esta conducta, según señala la CNMC, podría suponer una restricción de la competencia entre empresas al limitar su libertad para establecer precios y condiciones comerciales. La incoación inicial del expediente se basaba ya en indicios de que Apple imponía condiciones comerciales inequitativas a los desarrolladores que operaban en su tienda de aplicaciones, una conducta que, de confirmarse, contravendría el artículo 2 de la LDC y el artículo 102 del TFUE.
La ampliación del procedimiento no implica un juicio anticipado sobre el resultado de la investigación, que mantiene su plazo máximo de instrucción y resolución en 24 meses desde la fecha de incoación original.
Paralelismo con la Comisión Europea
La acción de la CNMC no es un caso aislado en el contexto regulatorio europeo. En fechas previas, la Comisión Europea había emitido un informe preliminar que cuestionaba las condiciones impuestas por Apple a los desarrolladores. En ese documento, Bruselas señalaba que la compañía estadounidense no permitía a las aplicaciones informar libremente a sus usuarios sobre métodos alternativos y más económicos de adquisición fuera del ecosistema Apple, ni dirigirles a otras plataformas de pago.
La normativa de competencia digital de la Unión Europea garantiza que las empresas puedan ofrecer libremente información y opciones de compra a los consumidores, algo que la Comisión considera que Apple estaría restringiendo mediante cláusulas contractuales y limitaciones técnicas.
En caso de confirmarse las infracciones, Apple podría enfrentarse a sanciones económicas que, conforme a la legislación vigente, alcanzarían hasta el 10% del volumen de negocio total mundial del grupo en el ejercicio anterior.
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