El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha puesto en marcha un plan de medidas para combatir las estafas telefónicas y por SMS, una problemática que ha mostrado un alarmante incremento en los últimos años.
El objetivo principal de esta iniciativa es proteger a los consumidores y empresas frente a los fraudes por suplantación de identidad, que se llevan a cabo mediante llamadas telefónicas y mensajes de texto.
Estos fraudes buscan engañar a los consumidores para que proporcionen información personal y financiera o realicen acciones que resulten en perjuicio económico
El incremento en las estafas de suplantación de identidad ha sido significativo en los últimos años. Fraudes como el CLI Spoofing (suplantación del identificador de llamadas) y el SMS Smishing (envío de SMS fraudulentos) han generado una pérdida de confianza en las comunicaciones electrónicas. Estos fraudes buscan engañar a los consumidores para que proporcionen información personal y financiera o realicen acciones que resulten en perjuicio económico.
Informes del Banco de España, el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) han documentado el aumento de estas prácticas fraudulentas. La implementación de medidas como las propuestas ha demostrado ser efectiva en otros países europeos. Por ejemplo, Finlandia ha conseguido reducir las estafas de suplantación de identidad en casi un 90% mediante la adopción de estrategias similares.
Las cinco medidas clave
El plan incluye cinco medidas específicas diseñadas para incrementar la seguridad y la confianza en las comunicaciones electrónicas. En primer lugar, los operadores de telecomunicaciones deberán bloquear todas las llamadas que utilicen números que no han sido atribuidos a ningún servicio, operador o cliente. Esta medida busca dificultar el uso de números falsos que no pueden ser rastreados fácilmente, lo que es común en las estafas.
Por otro lado, se bloquearán las llamadas y mensajes de texto que, aunque utilizan numeración nacional, tienen su origen en el extranjero, ya que este tipo de comunicación es frecuentemente utilizado en fraudes debido a la dificultad de rastreo y la jurisdicción internacional.
Por otro lado, se creará una base de datos gestionada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que incluirá a los usuarios que utilizan identificadores alfanuméricos en sus mensajes para que los mensajes provenientes de entidades no registradas en esta base serán automáticamente bloqueados.
Se prohibirá el uso de números móviles para realizar llamadas comerciales y se promoverá el uso de los números 800 y 900
En cuarto lugar, con el objetivo de facilitar la identificación de posibles fraudes, se prohibirá el uso de números móviles para realizar llamadas comerciales. En su lugar, se promoverá el uso de números 800 y 900, que son más fácilmente reconocibles por los usuarios.
Finalmente, las entidades comerciales podrán utilizar de forma generalizada los números 800 y 900 para realizar llamadas comerciales. Esto permitirá a los usuarios identificar de manera rápida y confiable las llamadas legítimas.
El plan de medidas se ha desarrollado tras una consulta pública realizada a principios de año, que contó con una amplia participación. Actualmente, se ha iniciado el trámite de audiencia pública de una Orden Ministerial que incluye las modificaciones normativas necesarias para poner en marcha estas medidas.
Las medidas anunciadas buscan no solo reducir la incidencia de fraudes por suplantación de identidad, sino también restaurar la confianza en la seguridad de las comunicaciones electrónicas.
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