El acuerdo, avanzado por medios locales, resuelve la demanda iniciada en 2018 después de que se hicieran públicos una serie de informes que revelaban cómo Facebook había permitido a Cambridge Analytica acceder a datos de hasta 87 millones de usuarios.
Se trata así del pago más alto por parte de Meta para resolver una demanda colectiva y el más grande que se ha logrado en una demanda colectiva por privacidad de datos en Estados Unidos.
A pesar del acuerdo, que aún debe aprobarlo un juez, Meta no admite haber cometido ningún delito, y señalan que llegar a un acuerdo era “en el mejor interés de nuestra comunidad y accionistas”. "En los últimos tres años hemos renovado nuestro enfoque de la privacidad y hemos implementado un programa integral de privacidad", apuntan desde Meta.
El caso se remonta a la campaña presidencial del 2016 en la que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, logró la victoria en las elecciones estadounidenses con la ayuda de Cambridge Analytica, una compañía ya desaparecida, gracias al uso de la información personal de millones de cuentas de Facebook que le permitía crear perfiles de votantes y segmentar la publicidad. Estos datos los logró la firma británica gracias a un acuerdo con un investigador al que Facebook había permitido desplegar una aplicación en su red social que recopilaba datos de millones de usuarios.
El escándalo saltó a los medios y terminó provocando investigaciones gubernamentales sobre las prácticas de privacidad de la firma, demandas y una audiencia de alto nivel en el Congreso de los Estados Unidos.
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Meta ya ha pagado más de 5.000 millones
Además, en 2019, Facebook pagó 5.000 millones de dólares para resolver una investigación de la Comisión Federal de Comercio sobre sus prácticas de privacidad y otros 100 millones de dólares para resolver las reclamaciones de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos por engañar a los inversores sobre el uso indebido de los datos de los usuarios. Asimismo, ha pagado otras multas en Reino Unido e Italia, entre otros.
Ahora, solo queda abierto un frente: una investigación por parte de los fiscales generales de los Estados y una demanda del fiscal general de Washington D.C.
Foto: Depositphotos
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