Este hito, alcanzado 'in extremis' este lunes, refleja el compromiso de la Unión por mejorar las condiciones laborales y clarificar el estatus de miles de trabajadores vinculados a gigantes como Uber Eats, Just Eat, Glovo y Deliveroo, entre otros.
La directiva sobre el trabajo en plataformas ha superado obstáculos significativos, incluidos dos intentos previos fallidos, gracias a un acuerdo provisional forjado el pasado 8 de febrero entre los negociadores del Parlamento Europeo y los ministros de Empleo y Asuntos Sociales de la UE. Este consenso emergió como un esfuerzo concertado para abordar el fenómeno de los falsos autónomos y garantizar una protección laboral adecuada en el creciente sector de la economía gig.
Esta propuesta realizó "concesiones importantes" para apaciguar las reticencias de hasta 14 Estados miembro
El corazón de esta nueva legislación yace en una propuesta de compromiso presentada por la presidencia belga del Consejo, descrita por el ministro belga David Clarinval como "el texto de la última oportunidad". Esta propuesta, aunque menos ambiciosa que el acuerdo inicial, realizó "concesiones importantes" para apaciguar las reticencias de hasta 14 Estados miembro.
La directiva establece una presunción legal de empleo, un mecanismo que facilitará la identificación de la relación laboral adecuada para aquellos que trabajan bajo el amparo de plataformas digitales. Esta medida obliga a los Estados miembro a incorporar en sus legislaciones una presunción de empleo, que se activará ante la presencia de elementos de control y dirección por parte de las plataformas, respetando siempre la jurisprudencia de la UE y los convenios colectivos nacionales.
Otro aspecto innovador del acuerdo es la protección contra el uso indebido de sistemas automatizados de seguimiento y toma de decisiones, prohibiendo específicamente el tratamiento de datos personales sensibles, como biométricos o relacionados con el estado emocional. Además, se garantiza la supervisión y evaluación humana de estas decisiones automatizadas, asegurando transparencia y justicia en el tratamiento de los trabajadores de plataformas digitales.
La ley 'Rider' no solo refleja el espíritu de compromiso y el esfuerzo por el mejor interés de los trabajadores expresado por países como Estonia y Grecia, sino que también subraya las complejidades políticas dentro de la Unión, ejemplificadas por la abstención de Alemania y el rechazo de Francia. Estas posiciones divergentes evidencian el delicado equilibrio entre promover la innovación económica y proteger los derechos laborales.
La aprobación de esta directiva representa un avance significativo hacia la regulación del trabajo en plataformas digitales en Europa, estableciendo un precedente para la lucha contra el falso trabajo autónomo y el mejoramiento de las condiciones laborales en la economía gig.
Dos años para su implementación
Con un plazo de dos años para su implementación en las legislaciones nacionales, los Estados miembro enfrentan ahora el desafío de trasladar estos principios a la práctica, en un esfuerzo por armonizar las protecciones laborales en el seno de la Unión Europea.
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