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Congreso de los Diputados
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AERC, DigitalES y UTECA se oponen a la enmienda que modifica el sistema de tarifas de las entidades de derechos de autor

miércoles 22 de septiembre de 2021, 12:49h

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El próximo jueves 23 de septiembre, el Congreso de los Diputados someterá a votación el Anteproyecto de Ley que modifica el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, que aprueba medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social de la pandemia.

Hasta este punto todo correcto, el problema se encuentra, según las tres asociaciones firmantes de la petición, en que la normativa se ha tramitado por el procedimiento de urgencia y el PSOE ha introducido una enmienda aprobada en el Senado la semana pasada que modifica el sistema de tarifas de las entidades de derechos de autor.

Con esta enmienda, la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual, dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte, tendrá capacidad para determinar las tarifas de las entidades sin necesidad de ajustarse a una metodología previa desarrollada en una Orden Ministerial, tal y como establece la legislación actual sobre propiedad intelectual.

Esta enmienda suprime el artículo 164.4 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, lo cual supone eliminar la previsión de que, para determinar las tarifas generales de las entidades de gestión, se debe aprobar una Orden Ministerial sobre metodología tras un informe de la CNMC y el acuerdo de la Comisión Delegad del Gobierno para Asuntos Económicos.

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Rechazo total

Ante esta situación, la Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC), la patronal digital, DigitalES, y la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA) han mostrado su “rechazo total” a este enmienda y piden al Congreso que se retire del texto.

En este sentido, aseguran que una potencial modificación en la metodología para fijar la tarifa debería realizarse a través de un “procedimiento legislativo ordinario” y que “garantice un debate parlamentario pleno” que ofrece a todos los sectores afectados la oportunidad de participar, ya sea a través de una consulta o de información pública. “Un diálogo transparente y orientado hacia la consecución de unos principios básicos de equilibrio, equidad y proporcionalidad”, piden los firmantes.

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