administraciones publicas

Actualmente las administraciones públicas son víctimas recurrentes de ataques ransomware. Estos ataques se han convertido en una emergencia global. La empresa Sophos, especializada en ciberseguridad de última generación, ha analizado lo que está sucediendo en este sector en su informe 'El Estado de Ransomware en las Administraciones Públicas 2021'.

En el marco del Consejo de Ministros de hoy martes 25 de mayo, el Gobierno ha aprobado la puesta en marcha de un paquete de actuaciones urgentes en materia de ciberseguridad para reforzar de manera inmediata las capacidades de defensa frente a las ciberamenazas sobre el sector público y las empresas privadas que suministran productos y servicios al mismo.

Artigas ha defendido la necesidad de seguir avanzando en la transformación digital de la administración pública, tanto la central como las locales y regionales.

En un encuentro con la prensa, la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, han desvelado las intenciones del Gobierno para transformar la Administración Pública, con nuevos planes para las oposiciones que den más valor a las aptitudes y actitudes que a la capacidad de memorización y con un plan para formar a los funcionarios de las diferentes administraciones en las nuevas tecnologías.

El Barómetro anual de la Inversión TIC en las Administraciones Públicas en España realizado por AdjudicacionesTIC desvela que la DGRCC incrementó en un 60% sus inversiones y las compras de hardware crecieron un 65%. Los organismos más activos fueron la Seguridad Social, el CTTI catalán y el Ayuntamiento de Madrid.

En la actualidad, administraciones e instituciones públicas de todos los tamaños se encuentran inmersas en un proceso de transformación digital que les permita homogeneizar los datos de los que disponen y que den servicio a sus propios empleados, con el fin último de ser más eficientes y tener un mayor impacto positivo en la vida de los ciudadanos.

El Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas es uno de los elementos principales del componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de modernización de las Administraciones Públicas. Este Plan prevé movilizar una inversión pública de, al menos, 2.600 millones de euros para los próximos tres años, de los cuales al menos 600 millones irán destinados específicamente a las comunidades autónomas y corporaciones locales para el desarrollo de servicios públicos digitales en todo el territorio.

La inversión en Tecnologías de la Información y Comunicación por parte de las Administraciones Públicas ha alcanzado los 1.818,74 millones de euros entre enero y septiembre, lo que supone un 22,65% menos que en el mismo periodo del año anterior.

Los proyectos tecnológicos próximos a vencer por parte de las diferentes Administraciones Públicas en España ascienden hasta los 7.327 y tienen un importe 30.10640.745€, según el último informe de Adjudicaciones y Licitaciones TIC. En líneas generales, continúa la senda del crecimiento de la inversión tecnológica.

Según el Barómetro Anual de la Inversión en TIC en AAPP en España publicado por Adjudicaciones TIC, hasta mediados de marzo, la senda de crecimiento mostraba un claro ascenso que alcanzó los 518,87 millones de euros

Dynabook (antes Toshiba) ha nombrado a Enrique Celma como nuevo director comercial para el área de negocio de educación y administración pública de la compañía en España.

El Consejo de Ministros ha confirmado el nombramiento de Jesús Torres como nuevo Secretario General de Administración Digital (SGAD).

La pandemia del coronavirus Covid-19 ha provocado una ralentización en la economía española, deteniendo numerosos proyectos e inversiones y provocando el cierre y despidos de miles de empresas y profesionales. Sin embargo, este impacto no se ha visto reflejado de forma especial en las adjudicaciones públicos de contratos tecnológicos.

DigitalES propone tres Planes Generales para digitalizar la salud, la educación y la administración y afrontar los retos de la era post-COVID19.

Desde el pasado 18 de abril, el conjunto de administraciones públicas, centrales, autonómicas y locales, están obligadas a facturar de forma electrónica.